Organizaciones que trabajan temas de transparencia, como Tojil, alertaron del riesgo de que el proceso judicial contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, podría llevarse a cabo sin cumplir el principio constitucional de máxima publicidad, a causa de las limitaciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación (PJF) a las audiencias penales con motivo de la contingencia por Covid-19.

En un comunicado, señalaron que el ex funcionario tiene pendiente cargos por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho ante la justicia mexicana, mucho de ello relacionado con el caso Odebrecht, por lo que una vez que llegue a México, tras aceptar su extradición, tendrá que ser presentado ante la justicia federal para seguir el proceso en su contra.

Remarcaron que la Constitución establece que esa audiencia debe ser pública y puede ser presenciada por cualquier persona. Sin embargo, debido a las disposiciones establecidas por el Acuerdo 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal para limitar la asistencia debido a la contingencia por Covid-19, podrían hacer que el proceso no sea abierto a la sociedad en tiempo real.

En caso de darse una situación así, el proceso contra Lozoya sería muy distinto a los que se realizaron en otros países de América Latina, Perú y Brasil, donde los procedimientos contra Odebrecht se llevan de manera pública y son transmitidos por medios digitales en tiempo real a toda la población.

La falta de mecanismos para garantizar la publicidad de las audiencias penales abre la puerta a la desconfianza y escepticismo sobre un proceso que por sus implicaciones sociales y políticas debe ser impecable, por ello, urgieron al PJF a emprender medidas que garanticen la publicidad de las audiencias penales, en especial las de interés nacional como la del ex titular de Pemex.