l jueves pasado, las autoridades sanitarias reportaron una nueva cifra máxima de casos confirmados de Covid-19 en un día: 8 mil 438 contagios. Al día siguiente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio cuenta de la dimensión económica de la crisis de salud: de acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), en mayo la economía mexicana se contrajo 21.6 por ciento frente al mismo periodo de 2019, la peor contracción observada desde que se lleva este registro. La caída resulta incluso más alarmante si se considera que ese mes comenzó la reapertura de varios sectores considerados esenciales, y que las previsiones de los analistas apuntaban a una mejoría con respecto al desempeño del producto interno bruto (PIB) en abril, cuando el retroceso fue de 19.7 por ciento.
Es evidente que el principal factor explicativo para esta catástrofe económica se encuentra en los efectos de la pandemia causada por el SARS-CoV-2. En primer lugar, porque la ausencia de cualquier medicamento o vacuna de eficacia probada en el tratamiento de la enfermedad dejó como únicas medidas de contención el confinamiento, el distanciamiento social y el cierre de todas o gran parte de las actividades económicas no esenciales. Si bien México no recurrió a las extremas políticas coercitivas implementadas por otros Estados para hacer cumplir las disposiciones anteriores, el cierre de negocios y la responsable cautela de los ciudadanos trajeron consigo una inevitable parálisis de la actividad económica interna.
Tampoco puede soslayarse que en la actualidad, el desempeño de la economía real
se encuentra encadenado a las expectativas, intereses y temores de los tenedores de grandes capitales, agentes financieros muy susceptibles a la incertidumbre: por ejemplo, la noticia de un repunte en los casos de Covid-19 en Estados Unidos bastó para que ayer los inversionistas corrieran a refugiarse en valores seguros y causaran un desplome en Wall Street.
Para colmo, el cierre de fronteras y la caída de más de 90 por ciento en los viajes internacionales a nivel global resultan particularmente devastadores para la economía mexicana, ligada desde hace décadas al turismo, y que hasta el año pasado tenía en esta actividad su segunda mayor fuente de divisas. Las cifras son elocuentes: en abril, la derrama dejada por visitantes extranjeros pasó de los mil 895 millones de dólares de 2019 a apenas 71.8 millones de dólares, un descalabro de 96 por ciento.
Lo cierto es que México no representa una excepción, sino la regla. En el caso de Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial, los analistas proyectan una caída de 35 por ciento del PIB entre abril y junio, mientras el consumo se verá lastrado por la imparable pérdida de empleos. En este ámbito, el Banco Mundial estima que, tras la pandemia, América Latina habrá perdido 25 millones de puestos laborales, los cuales se sumarán al mismo número de personas que ya estaban desempleadas antes de la irrupción del coronavirus.
La extremada gravedad de este contexto debe constituir un llamado de atención para todos los actores que, dentro de México, apuestan por exacerbar el malestar social mediante un golpeteo político y mediático tan irresponsable como ruidoso: está claro que la única actitud sensata frente al mayúsculo desafío que encara la sociedad mexicana es la deposición de los intereses personales o de grupo y la búsqueda de acuerdos en pos del bien común.
