La industria de la construcción, que impacta a 185 de 262 ramas económicas, llegó mal a la pandemia de Covid-19. Pese a que en mayo pasado fue considerada actividad esencial, el panorama no ha cambiado, principalmente por la disminución de la inversión del gobierno federal en infraestructura, pero todavía puede redireccionarse.

Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo a La Jornada que, a pesar de que la comunicación que mantienen con el presidente Andrés Manuel López Obrador es buena, no han logrado convencerlo con sus propuestas.

La construcción es la cuarta actividad que más aporta al producto interno bruto (PIB), al representar 8 por ciento, y es la tercera generadora de empleos.

El sector pasaba por una mala racha antes del Covid-19. En marzo cayó 7 puntos porcentuales a tasa anual. En abril, cuando se suspendieron las actividades, se desplomó 38.4. Al quinto mes descendió 36 por ciento anual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El valor de la producción generado descendió 17.1 por ciento en marzo. En abril, cuando empezó el confinamiento, disminuyó 32.1, mientras en mayo se contrajo 34.2.

Ramírez Leal explicó que la situación actual de la actividad se debe a diversos factores. Uno de ellos es la caída de la inversión dirigida desde el gobierno federal para infraestructura, que pasó de 6 por ciento en relación con el PIB hace 12 años a 2.6 en la actualidad.

El gasto que hace el gobierno en carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas e infraestructura energética, agregó, se programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pero es preciso modificarlo, pues ese 2.6 por ciento ha sido similar en los pasados cuatro años.

Es necesario, consideró, visualizar que la infraestructura requiere mantenimiento, conservación, ampliación y hacer mucha obra nueva para ser un país competitivo y tener mejores condiciones de bienestar. De lo contrario, la reconstrucción costará hasta cuatro veces más.

Comentó que si bien la industria respalda a López Obrador en su lucha contra la corrupción, ésta ha inhibido que los empresarios sean convocados. Además, ha provocado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encargue de proyectos y ello desplaza la formalidad de ese sector.

El presidente de la CMIC resaltó que sin bien no tienen nada en contra de la Sedena, los empresarios pueden edificar el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar y los 32 hospitales del Insabi, entre otros proyectos.

Apuntó que la realización de las principales obras del gobierno, como la refinería en Dos Bocas o el AISL durante el confinamiento, no evitó que el valor de la producción de las constructoras se contrajera 34.2 por ciento, pues los trabajos están a cargo de grandes firmas.

“Esta industria está muy golpeada por políticas públicas o porque no han escuchado el problema que tenemos en relación con la poca oportunidad de participación que se le está dando.

La caída tan fuerte de esta industria deriva de que se invierte menos de manera general, lentamente, subrayó.

Datos del Observatorio de la Industria de la Construcción señalan que el avance de las principales dependencias que invierten en obra pública a junio fue de 7 por ciento contra el monto aprobado, aunque el gasto de la SCT es el que presenta mayor avance (72.2 por ciento).

Ramírez Leal consideró que las cifras son desalentadoras, porque se desconoce si se está transparentando todo lo que se contrata o algunas obras ya han sido asignadas de manera directa.

Por el lado de la inversión privada, el combate a la corrupción de la actual administración, dijo, también ha detenido proyectos y causado incertidumbre, como la planta cervecera de Constellation Brands en Baja California. Todo eso genera un poquito de intranquilidad, pero nosotros estamos seguros de que estamos a muy buen tiempo de redireccionar esta caída.

Detalló que solicitarán mesas de diálogo con los actores políticos para planear la infraestructura. Además entregarán, en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial, proyectos para que sean considerados por el sector público. Añadió que la administración también debe dar contratos a las pymes de la construcción.

Alrededor de 3 mil compañías, aseguró, no volverán a operar, porque no pueden estar más de 10 semanas detenidas y menos sin una estrategia de apoyo.

Datos del IMSS señalan que en junio anterior el número de empleos registrados en el sector cayeron 11.6 por ciento anual. Ramírez Leal aseveró que durante la pandemia se perdieron 500 mil trabajos, pero los números no coinciden porque algunos patrones llegaron a acuerdos con los trabajadores y al menos 300 mil fueron dados de baja de manera definitiva.

Adelantó que están programando una reunión con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, para promover proyectos en los que se requiere participación privada, porque se necesita atraer a los inversionistas en estos momentos.