En el contexto de los reclamos de agroempresarios, muchos de los cuales son procesadores de alimentos, por las acciones contra el problema de la obesidad, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, sostuvo que lo primero es la salud, lo cual no significa que el gobierno sea enemigo de la iniciativa privada (IP).

El gobierno de México en esta Cuarta Transformación no es enemigo de la inversión privada, lo que pretendemos es que los intereses de lo público, incluida la salud, la alimentación y el medio ambiente, no estén supeditados a pequeños grupos de interés que amasan grandes riquezas utilizando la riqueza y los bienes públicos.

Para modificar la mala alimentación, además del etiquetado frontal y modificación de reglamentos de publicidad, se acortarán las cadenas de producción y distribución para incentivar el consumo de alimentos frescos y saludables.

Con la contribución de las secretarías de Agricultura, Medio Ambiente y de Economía, fomentaremos que se hagan más cortas las cadenas de producción, distribución y consumo, incentivando la producción local. Segalmex juega un papel importante, con el Programa de Precios de Garantía y las tiendas Diconsa-Liconsa, que han sido desaprovechadas como un mecanismo regulador de la oferta local de alimentos.

Está en proceso de diseño implementar una estrategia para hacer llegar alimentos frescos a las tienditas de barrio en ciudades, comunidades suburbanas y comunidades rurales. Esa acción quedó en pausa por el Covid-19, pero se retomará, dijo a La Jornada.

Ruy López Ridaura, titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, expuso que incluso “se puede empezar a trabajar con las tiendas de conveniencia (que ahora venden mayoritariamente ultraprocesados) para que modifiquen su oferta. Con leyes más duras y más claras, quizá se podría concretar, y obligar a que tengan una oferta de frutas frescas compradas a productores primarios.

Víctor Suárez, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, remarcó la importancia de que haya disponibilidad de alimentos saludables de forma cercana, y no sólo haya oferta de productos chatarra.

Al disminuir las cadenas bajará el precio de los productos saludables. Hay un desbalance en el mercado. Los productos procesados son muy baratos, por lo tanto, más asequibles con respecto a los productos naturales, consideró López-Gatell.

Tras reconocer que se predica con el ejemplo, comentó que es fundamental que los servidores públicos tengan una vida sana, por lo que la Secretaría de Salud, en conjunto con el Issste, arrancaron un programa de promoción de la salud con énfasis en la alimentación saludable y activación física, que se interrumpió por la epidemia del coronavirus y el teletrabajo, pero se restablecerá. No se trata de volverse gimnasta olímpico o corredor de maratón, sino de pequeños cambios: utilizar las escaleras, mantenerse de pie varias veces al día y hacer pausas de actividad física en el trabajo.

López Ridaura comentó que se debe trabajar en una certificación de oficinas federales saludables, y esto, además de quitar máquinas expendedoras, incluye retirar concesiones a tiendas que venden productos no saludables, que incluso están en hospitales.

Remarcó que los efectos de la obesidad son tales que se estima que restará al PIB mexicano 5.3 por ciento y reducirá la fuerza laboral, por su impacto en la mortalidad prematura y en discapacidad, en 2.4 millones de trabajadores de tiempo completo por año.

Detalló que las primeras causas de muerte en México están íntimamente ligadas con la mala nutrición: 20.6 por ciento de las 722 mil 611 muertes (2018) fue por enfermedades cardiacas y 14 por ciento por diabetes. Además, hubo 85 mil 754 defunciones por tumores malignos; aunque no todo el cáncer se asocia a la obesidad, sí lo está el de mama y el de colon. La cuarta causa de muerte fue enfermedad hepática, cada vez hay un componente más fuerte de hígado graso.