a reunión entre gobernadores y el presidente sucede en un momento decisivo para el país. Pese a la existencia de indicadores parciales que dan cuenta de que la caída del empleo pudiera haberse detenido, lo cierto es que los datos económicos duros muestran que la producción tardará meses en recuperarse. La valoración sobre la medida de la contracción este 2020, que varía entre 9 y 10 por ciento, indica el tamaño de las dificultades que se están enfrentando. Es cierto que la estrategia instrumentada ha evitado que la caída tenga impactos mayores entre los más necesitados, pero también es cierto que el impacto recesivo no se ha detenido y que, en consecuencia, sigue siendo indispensable que haya respuestas, desde el lado fiscal, mucho más amplias.
Está planteado, desde hace tiempo, que el pacto fiscal federal debiera modificarse. En el diseño actual, las entidades con mayor contribución tributaria, la que se explica por su mayor envergadura económica, contribuyen al financiamiento de las entidades que menos recaudan. Los programas que se usan para el reparto presupuestal se asocian a estrategias de política social distributiva, así como al fortalecimiento de la capacidad de atención a la infraestructura. La crisis actual ha puesto en el primer lugar de las necesidades atender al sector salud, desmantelado por las diversas administraciones neoliberales. Hoy es indispensable reconstruir los sistemas de servicios médicos estatales para enfrentar el reto del coronavirus, pero, sobre todo, el desafío de la atención a la salud de la población.
Este requerimiento, junto con los recursos que innegablemente demanda la construcción de una recuperación sostenible que sea redistributiva, obligan a plantearse un escenario de mayor alcance que el pacto fiscal federal vigente. Lo que hace falta no es solamente replantear la manera en la que se distribuyen los recursos de la hacienda pública federal, sino ampliar esos fondos mediante las distintas vías que ofrece la tributación. La Ley de Ingresos de la Federación establece impuestos federales, estatales y municipales. En estos tres ámbitos hay que establecer una nueva fiscalidad. Se trata de reconocer que, en las condiciones actuales, es indispensable una gran reforma que debe reconocer que las contribuciones deben incrementarse, tanto en los ingresos, como en lo que respecta a la participación de estados y municipios en la recaudación fiscal.
A escala federal, por supuesto, está la necesidad de incrementar la captación del ISR mediante un aumento a las tasas que se cobran a los mayores ingresos. Los otros impuestos federales (IVA, IEPS, ISAN, Tenencia, al Activo, al Comercio exterior y a Pemex, entre otros) ameritan revisarse cuidadosamente desde la perspectiva de la progresividad tributaria. Respecto de lo que deben captar las administraciones estatales, es necesario reconocer que les corresponde una responsabilidad que no puede soslayarse al amparo de propuestas electorales que cuestionan el equilibrio fiscal entre federación-estados-municipios. El impuesto a la nómina, la tenencia, la compra-venta de vehículos usados y los otros tributos estatales, deben aportar al financiamiento de sus gastos un porcentaje mínimo determinado a nivel federal.
A escala municipal, la recaudación de mayor relevancia es el predial. La propiedad inmobiliaria debe tributar para que los municipios puedan cumplir con sus responsabilidades, acordes con los valores catastrales, pero acercándolos a los valores comerciales conocidos. Los traslados de dominio, a su vez, tendrían que establecerse de manera tal que reconozcan el valor de lo que se está trasladando, considerando que deben aportar a las haciendas municipales lo que corresponde.
El pacto fiscal federal tiene que modificarse. Los respectivos pesos específicos de las entidades han cambiado y es menester reconocerlo en los arreglos para la distribución de los programas presupuestales. Pero, junto con esto, se requiere un nuevo pacto fiscal en el que los agentes económicos reconozcan que sus contribuciones al financiamiento de las actividades federales, estatales y municipales debe incrementarse para permitir que estos tres niveles de gobierno puedan cumplir con sus responsabilidades. La crisis que enfrentamos, cuyas consecuencias negativas sobre las actividades económicas no han terminado, obliga a replantear estrategias que se pensaban adecuadas a la normalidad neoliberal. Es momento de aceptar las nuevas circunstancias, corregir la estrategia y convocar a un nuevo pacto social con una fiscalidad progresiva que permita un gasto público realmente redistributivo.
