on tantos y variados que llevara tiempo la revisión de todos los contratos leoninos firmados por los gobiernos neoliberales en detrimento de México y sus habitantes. Seis inquilinos de Los Pinos, junto con su pandilla, descaradamente utilizaron los bienes públicos para armar jugosísimos negocios privados e institucionalizaron el saqueo de la nación. Donde se apriete, de inmediato brotan corrupción y latrocinio.

Tal práctica ha tenido un enorme costo para la nación, pero ahora los dueños de las empresas privadas beneficiadas por ese grupo gansteril se quejan de que la nueva administración les quiere cancelar sus negocios mal habidos (que van de la A a la Z, siempre a costillas del erario y del bienestar de los mexicanos) y afirman estar limpios de cualquier ilegalidad. Blancas palomas incomprendidas, según su versión.

Entre lo más reciente, el presidente López Obrador denunció que el puerto de Veracruz “se lo concesionaron a una empresa, primero, por 50 años, y 10 días después que ganamos (la elección de 2018) esa empresa recibió otra concesión ampliándole el plazo a 50 años más. Imagínense, una concesión del puerto de Veracruz de un siglo. ¿Cómo es que firmaron eso? Y así está todo. Creo que es una concesión única en el mundo, no creo que exista un contrato en donde se concesione un puerto por 100 años, por un siglo. Ni Porfirio Díaz se atrevió a eso… ¿Cómo es que firmaron eso? Y así está todo. Si es público, si pertenece al Estado, para qué se concesiona, no tendría ningún caso”.

La concesión salinista (1994) fue por 50 años y la de Peña Nieto (2018) por otro tanto, justo en el momento en el que el barco se hundía. Se trata de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) y de inmediato los interesados en el asunto reclamaron al mandatario que tal concesión es para una paraestatal, pero en los hechos ninguna entidad del Estado de esa naturaleza es sociedad anónima, como sí lo es la concesionaria con sus 100 años. Algo similar sucede con, por ejemplo, las minas: son terrenos del Estado concesionados a particulares, pero ni lejanamente pueden ser catalogadas como paraestatales o empresas productivas del Estado, como les gusta ahora. Son negocios privados a costillas de la nación.

La propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo detalla así: el primero de junio de 1991, con la requisa de las operaciones a los sindicatos portuarios por parte del gobierno federal (el de Carlos Salinas), ya que mantenía un monopolio en las maniobras de carga y descarga de las mercancías se decidió otorgar una concesión y de allí se constituyó la Administración Portuaria Integral de Veracruz, sociedad anónima de capital variable, es decir, una sociedad mercantil que paga una contraprestación e impuestos al gobierno federal, mantiene una autonomía de gestión operativa y financiera y opera mediante un sistema de competencia y sinergia con otros puertos.

Durante casi 11 años la Apiver fue regenteada por Juan Ignacio Fernández Carbajal, hermano de José Antonio, El Diablo, el mero mero del Grupo regiomontano Femsa (el de los refrescos y las tiendas Oxxo, que se esparcen por la República como la humedad). Entonces, ¿es en serio que ese linaje empresarial trabaja para el Estado, que está al servicio de la nación?

El presidente López Obrador dijo que todo el puerto se entregó a una empresa particular, ergo, es una privatización. La Apiver no es una paraestatal: “lo aclaro, porque si no se pensaría que es algo del sector público; la administración corresponde, completamente –esa es la concesión–, a particulares”. Los 100 años son para que los empresarios le saquen jugo, independientemente de que para efectos sociales y económicos del país tampoco se puede decir que durante todo este tiempo ha mejorado mucho el puerto de Veracruz.

Las rebanadas del pastel

Audios, videos y lo que se acumule documentan enjuagues y corruptelas de prianistas y rémoras que los acompañan, pero todos ellos se dicen honestos. Como chiste es pésimo.

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