Chihuahua. La audiencia para dictar sentencia a Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, declarado culpable en marzo pasado del asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, continuó el miércoles con el testimonio de dos testigos, peritos en sicología convocados por los asesores jurídicos de la familia de la periodista para acreditar el daño causado a las víctimas indirectas.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y Propuesta Cívica –que representa a la familia de la corresponsal ultimada el 23 de marzo de 2017– pidieron al juez Néstor Pedraza Sotelo que lo condene a 70 años de prisión y cuantifique la reparación del daño para las hermanas e hijos de Miroslava, de acuerdo con el plan de resarcimiento propuesto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La defensa de Moreno Ochoa declaró insolvente a su cliente para cubrir el pago, aunque en el juicio oral se conoció que El Larry es propietario de cabezas de ganado, un rancho y una purificadora de agua en Chínipas, y de una vivienda en la capital del estado.

La sentencia se atrasó debido a que fueron presentados los últimos cinco testigos –de 58 en total– ante el Ministerio Público, entre ellos la abogada de La Jornada, una familiar cercana de Miroslava y un representante de la CEAV. Asimismo, dos peritos en sicología que convocados por Propuesta Cívica para entrevistar a las hermanas de la periodista y demostrar el daño causado a la familia.

Al terminar de comparecer todos los testigos, el juez hará una exposición de motivos para justificar la sanción y dictará sentencia, lo cual está previsto que suceda mañana.

Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, comentó: hemos sido enfáticos en solicitar que este juicio y la sentencia judicial sean un precedente no sólo para Chihuahua, sino para todo el país; los crímenes contra periodistas deben tener la más alta consecuencia jurídica.

“En el juicio oral se acreditó, más allá de toda duda razonable, que el homicidio de la corresponsal de La Jornada fue por orden directa del cártel Los Salazar para silenciar su labor en temas de narcopolítica”.