En la búsqueda del niño Dylan Esaú Gómez Pérez, las autoridades de Chiapas cometieron diversos atropellos en contra de personas que no estaban involucradas en el robo del menor, entre ellos detener y acusar sin pruebas a cinco indígenas de escasos recursos y retener a 23 niños y niñas que forman parte de su familia, con el argumento equivocado de que son víctimas de trata de personas.

En conferencia de prensa virtual, Enereida Gómez, una de las afectadas por la acción del gobierno local, explicó que el pasado 15 de junio fueron detenidos sus padres, Adolfo Gómez y Josefa Sánchez, a quienes en el marco de la indagatoria se les acusó de trata, secuestro y delitos contra la salud.

El hombre murió cuando se encontraba bajo custodia policial, en circunstancias no aclaradas y en las que se sospecha hubo actos de tortura, y ella sigue presa en el Centro de Readaptación Social número 5.

De igual manera, elementos de la Fiscalía de Chiapas allanaron el domicilio de la familia de Enereida Gómez el 17 de junio, robaron pertenencias y se llevaron a 23 menores de edad –entre ellos sus cinco hijos–, a quienes calificaron como presuntas víctimas de trata, además de detener a su hermana María Hortensia y sus cuñadas Juana Montejo y Maribel Gómez, madres del resto de los pequeños.

La mujer explicó que su familia se dedica a la venta de artesanías, no a actividades ilícitas, y señaló que aunque los menores retenidos en el DIF local ya reconocieron a sus familiares, el gobierno del estado se niega a dejarlos en libertad.

Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, exigió que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República para que se investiguen las acciones presuntamente ilegales de la fiscalía estatal, al tiempo que solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la vida de los detenidos.