l titular de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, reconoció ayer que el gobierno federal ha fallado en impulsar el desarrollo sostenible y consideró que el Ejecutivo está parcialmente (pero) no totalmente comprometido con ese objetivo; ofreció hacer un esfuerzo mayor para que todas las dependencias, no sólo una, se comprometan a cumplir lo que el Legislativo apruebe en esta materia y consideró que la Cuarta Transformación enfrenta el reto de armonizar el combate a la pobreza con la creación de riqueza, el cuidado del medio ambiente y la salud, pero sin atropellarnos.

Tales declaraciones –vertidas durante la presentación de la Estrategia Legislativa para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015– parecen ser una réplica no exenta de autocrítica a los señalamientos recién formulados por Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de que Romo bloqueaba los lineamientos ambientales, de transición energética y de agroecología, con el fin de privilegiar una concepción de agronegocios sostenida en particular por el secretario de Desarrollo Rural, Víctor Villalobos.

Durante una reunión interna de la Semarnat, cuyo audio fue filtrado a los medios, Toledo acusó incluso a Romo y a Villalobos de estar en contra de Sembrando Vida, uno de los programas estrella de la política social lopezobradorista.

No existe, con certeza, un solo gobierno en el mundo que se encuentre exento de contradicciones internas y no sea, en una u otra medida, arena de confrontaciones entre concepciones diversas y hasta opuestas.

Al respecto, tanto la visión crítica de Toledo como el abierto reconocimiento de Romo a compromisos no cumplidos, deben verse en clave democrática, como parte de un inevitable y hasta saludable debate dentro de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Llama la atención, sin embargo, que ni uno ni otro apelen a los términos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que es el contexto natural de solución de diferencias y la hoja de ruta gubernamental a la que tendrían que atenerse.

La Agenda 2030 de Naciones Unidas es, sin duda, un punto de referencia valioso e irrenunciable, pero no debe ser tomado como el texto normativo para el desarrollo de nuestro país, sobre todo si se considera que sus objetivos están plenamente incorporados en el documento mexicano, en el cual las necesidades de combatir la pobreza, cuidar el medio ambiente e impulsar la calidad de vida están plenamente articuladas con la de crear riqueza.

Aunque es indiscutible que el impacto de la pandemia de Covid-19 ha obstaculizado, retrasado o impedido el cumplimiento de varios puntos del plan de desarrollo sexenal, no hay razón para que las dependencias del Ejecutivo federal se aparten de los medios y de los propósitos allí expresados. Y hasta es posible que se atenuaran o desaparecieran las posturas divergentes que se presentan en el gabinete si se dirimieran con base en ese texto.