La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de los líderes de Antorcha Campesina en el estado de México y Puebla, Juan Carlos Torres Torres y Juan Manuel Celis Aguirre, respectivamente, así como de la esposa de este último, personas y empresas vinculadas con dicha organización.

El flujo de recursos por el que se investigó a la organización, y ya se dio parte a la Fiscalía General de la República, rebasa los 2 mil 810 millones de pesos. De ellos, 2 mil 272 millones son recursos que fueron depositados en las cuentas bajo pesquisa y 538 millones de envíos.

La UIF detalló que en Puebla se bloquearon las cuentas del líder de la organización política, Celis Aguirre, de su esposa y tres empresas que eran utilizadas para distribuir los recursos obtenidos de manera ilícita por la organización.

Se identificó que entre 2010 y 2020, la directiva recibió 658 millones de pesos en efectivo. Además, entre 2014 y 2019 percibió transferencias interbancarias por 128 millones de pesos, principalmente de sujetos relacionados al sector de la construcción. Y simultáneamente se enviaron transferencias bancarias por 18 millones de pesos, de ellos 3.6 millones llegaron a tres empresas fachada.

La UIF bloqueó también cuentas de integrantes de Antorcha Campesina en el estado de México, incluidas las del líder Carlos Torres y de personas físicas y empresas vinculadas con la organización política.

De 2009 a 2019, Antorcha Campesina realizó en la entidad depósitos en efectivo por más de 988 mi-llones de pesos y retiros por 14 millones. En cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibió 96 millones de pesos y los emitió por 100 millones de pesos, 3.4 millones fueron a tres empresas fantasma. Y, en transferencias, de 2012 a 2019, recibió 402 millones de pesos y envió 406 millones de pesos.

Además, la UIF encontró que la dirigencia cuenta con 14 ve-hículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos, y, en suma, la organización sostuvo su estructura financiera mediante una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria en la entidad.

La UIF detalló que las denuncias correspondientes ya fueron presentadas a la Fiscalía General de la República.