La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal que la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, repare el daño causado al erario con la llamada estafa maestra, que garantice el pago de más de 5 mil millones de pesos, y cubra una multa de más de 3 millones de pesos, además de que reciba una sentencia de 21 años de prisión por ser presunta responsable de la comisión de dos delitos de ejercicio indebido del servicio público y que en ambos casos se le sancione con el agravante de un delito continuado.

El abogado Epigmenio Ibarra, defensor de la ex funcionaria, consideró que las pretensiones del Ministerio Público federal son desproporcionadas al solicitar la imposición de las sanciones máximas, y manifestó que no han considerado acogerse a la posibilidad de un juicio abreviado en el que ella reconocería su culpabilidad para disminuir la pena que se le imponga a su cliente. En la diligencia, el Ministerio Público federal acudió al Reclusorio Sur y entregó al juez Ganther Alejandro Villar Ceballos las conclusiones de la investigación complementaria y reiteraron que Robles fue omisa en cuanto a la firma y aplicación de 27 contratos que funcionarios a su cargo firmaron entre 2014 y 2018.

La FGR mantuvo su postura en cuanto a que la acusada actuó de manera dolosa, omisa y continua en su carácter de autora directa del delito del ejercicio indebido del servicio público, respecto de los contratos que, en las dependencias que estaban a su cargo, se suscribieron con universidades, televisoras y radiodifusoras estatales, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, generando un daño al erario por 5 mil 73 millones 658 mil 846 pesos.

Por esa razón, solicitó al juez federal que dicte sentencia condenatoria en contra de Robles Berlanga y que ella garantice la reparación del daño con el pago de la misma cantidad de recursos que presuntamente se desviaron durante su gestión al frente de las dos instituciones. Además, se propone al togado que decrete el pago de una multa de 3 millones 561 mil 300 pesos, que es la cantidad máxima que impone la ley, y que se imponga una pena de 21 años de cárcel por haber sido presunta responsable de dos delitos de ejercicio indebido (cuya pena máxima es de siete años, en cada caso), y se agreguen tres años y seis meses de prisión (por cada delito) como agravante por considerar que se cometió el ilícito de manera continuada.

Para corroborar las acusaciones contra la indiciada, la FGR mencionó que aportará 56 testigos, entre ellos funcionarios que han sido mencionados como involucrados en la estafa maestra y representantes de la Auditoría Superior de la Federación.

Mientras tanto, un tribunal federal otorgó una suspensión provisional que impide imputar a otro de los ex funcionarios de la Sedatu, Armando Saldaña Flores, en tanto no se corrijan algunas deficiencias de procedimiento.

Se trata del ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu en el periodo en que Rosario Robles fue titular de esta dependencia.

El ex funcionario está acusado de uso indebido de atribuciones y facultades, por haber autorizado pagos por 185 millones 839 mil 480 pesos, por contratos no ejecutados.