El ejido de Tila, en la zona norte de Chiapas, denunció los hechos que han alterado la frágil estabilidad de su casco urbano y marcan el retorno de la organización Paz y Justicia (que nunca se fue realmente), por actos vandálicos de los pobladores avecindados inconformes, no en su totalidad, este martes 25. Entre las seis y las siete horas comenzaron a tumbar los portones de seguridad que la asamblea general de ejidatarios acordó construir para seguridad de la población y como filtro sanitario del Covid-19.

La representación ejidal argumenta estar cumpliendo con la legislación agraria en vigor, y señala como responsables al ex presidente municipal Arturo Sánchez Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, líderes intelectuales paramilitares en el norte de Chiapas, vinculados con la matanza en la zona baja entre los años 1997 y 1998. Son hermano y sobrino respectivamente de Samuel Sánchez Sánchez, actualmente preso en el Amate.

La pugna, que no es nueva, entre dos grupos de pobladores de la cabecera municipal, se entrevera con posiciones políticas encontradas que datan de la guerra contrainsurgente de Ernesto Zedillo en la región chol, cuando el Ejército y el grupo paramiltar priísta Desarrollo Paz y Justicia generaron una violencia armada contra la resistencia de los pueblos zapatistas y sus aliados que costó centenares de muertes y de familias desplazadas, violaciones y desapariciones aún hoy no resueltas.

Por la vía legal, en años recientes los ejidatarios originarios de Tila recuperaron sus derechos territoriales, que habían sido erosionados e incluso enajenados por los avecindados, es decir pobladores que no son del ejido ni pertenecen a la asamblea ejidal, pero que dada la condición urbana del ejido se han instalado a lo largo del tiempo, llegando a controlar el gobierno municipal y una parte importante del centro de Tila, una población con mucho comercio. Ello, sin posesión legal, porque el caserío del poblado está asentado en tierras ejidales, patrimonio de 836 ejidatarios capacitados.

A fines del siglo pasado, Paz y Justicia se enseñoreó por toda la zona norte y con el apoyo del gobierno controló los municipios de Tumbalá, Sabanilla, Salto de Agua y Tila. Al caer en desgracia sus principales cabecillas y pagar prisión por varios delitos (pero no por los asesinatos que cometieron directa o indirectamente) la región se pacificó hasta cierto punto. Entonces el ejido recuperó legalmente sus derechos ejidales e instauró una cierta autonomía inspirada en la zapatista.

Los ejidatarios han denunciado agresiones y falsificaciones del padrón ejidal para imponer autoridades, y responsabilizan a Miguel Vázquez Gutiérrez y Luciano Pérez López, integrantes de un supuesto comisariado legal, que violan los acuerdos de la máxima autoridad y participan en los grupos que destruyeron el portón.

La autoridad ejidal sostiene que los agresores se apoyan en pandilleros y drogadictos contratados con anterioridad. Se trataría de jóvenes acarreados que desconocen la legalización del ejido. Alertan sobre amenazas de secuestros por parte de estos alborotadores armados.

Organismos civiles en la región tzeltal-chol han documentado que quienes realizan daños y perjuicios contra el ejido son asesorados y financiados por el actual presidente municipal Limbert Gutiérrez Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, y el delegado regional de Paz y Justicia, y funcionario, Óscar Sánchez Alpuche.