medio año de que estallara a escala mundial la pandemia de Covid-19, es sabido que esta enfermedad ha dejado una estela de pérdidas humanas que, lamentablemente, habrá de continuar durante varios meses, si bien con una intensidad contenida gracias a los esfuerzos de distanciamiento social y al mejor conocimiento del patógeno que la causa. Asimismo, se ha vuelto un tópico el decir que las consecuencias económicas del coronavirus son ya más profundas y muy probablemente serán más duraderas que sus impactos en la salud pública.
México no escapa a esta realidad: en el segundo trimestre del año, el producto interno bruto (PIB) se contrajo 18.7 por ciento, y aunque se prevé que con la recuperación que tendrá lugar en el tercer y cuarto ciclos trimestrales la caída de la economía se situará en torno a 7.4 por ciento del PIB, ello no evitará que se trate del mayor descalabro en un siglo. Asimismo, sólo entre marzo y julio se perdieron más de un millón 100 mil empleos, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, y un número incalcula-ble de personas que laboran en la informalidad se vieron privadas de sus fuentes de ingreso. Por su parte, las finanzas del sector público se han visto sometidas a una inesperada estrechez, ya que los ingresos del gobierno federal retrocedieron 4.7 por ciento en el primer semestre del año.
Ante este panorama, cabe destacar que hasta ahora se mantengan los programas sociales prioritarios, entre los que sobresalen los apoyos entregados a los adultos mayores, y que exista el compromiso de mantenerlos a salvo de los inevitables recortes de los que vendrá acompañado el Paquete Económico 2021 que se entregará al Congreso de la Unión. Otro alivio para los sectores populares, en medio de la crisis económica, es el que representan los microcréditos a la palabra, por 25 mil pesos, que hasta ahora han beneficiado a 977 mil 775 ciudadanos, la mayoría pequeños empresarios del sector informal.
Pero está claro que estas medidas no pasan de ser paliativos, y que la recuperación de la actividad económica exige cuantiosas inversiones con un enfoque estratégico y de bienestar social, así como de acuerdos de gran calado entre las autoridades y la iniciativa privada. En este sentido, parece una señal alentadora el mensaje emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la buena relación de su gobierno con el empresariado y de los avances logrados gracias al entendimiento mutuo, en particular, el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, la sostenida recuperación del poder adquisitivo del salario, y la reforma al sistema de pensiones (todavía pendiente de trámite legislativo).
Cabe esperar que los empresarios nacionales recojan la mano tendida por el Ejecutivo federal, que depongan las mezquindades y el ánimo de golpeteo político por el cual se ha caracterizado una fracción del sector patronal, y que se sumen sin ambages a los ingentes esfuerzos para impulsar la recuperación de la economía, siempre en el entendido de que los sectores más desfavorecidos son y deben ser prioridad de toda política de crecimiento.
