n el mensaje con motivo de su segundo Informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su señalamiento de la corrupción como el principal problema del país; destacó los ahorros logrados gracias al combate contra dicho flagelo (alrededor de medio billón de pesos) y a la denominada austeridad republicana; se mostró confiado respecto de que ya han quedado atrás los meses más difíciles de la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19.

Resaltó además el cambio de paradigma en la respuesta gubernamental ante la emergencia –del enfoque neoliberal que ponía el erario al servicio de los grandes capitales, a priorizar la atención a los sectores más desfavorecidos–, y descartó traicionar sus compromisos con la sociedad para satisfacer las exigencias de algunos sectores reacios al cambio que se encuentra en marcha.

En lo formal, el acto realizado en Palacio Nacional se distinguió de las fastuosas ceremonias con que los mandatarios anteriores se festejaban a sí mismos. En efecto, se trató de una actividad austera, en la cual se rindió al país un mensaje básico y sucinto que resumió el Informe entregado al Congreso conforme marca la ley. En este sentido, es de saludar que el jefe del Ejecutivo se desmarcara de cualquier tono festivo y se condujera con sensibilidad en el contexto de pandemia y penuria que enmarca toda la vida social.

Respecto de la administración misma, cabe resaltar que en el tercio del sexenio transcurrido, no puede reprocharse al mandatario haber seguido políticas que no haya ofrecido en la campaña que lo llevó a Palacio o el haber dejado de seguir aquellas que estuvieron entre sus promesas electorales: se esté de acuerdo o en desacuerdo con lo que se ha hecho o dejado de hacer hasta ahora, lo cierto es que existe una notoria congruencia con el programa presentado a los votantes antes de julio de 2018.

Desde esta perspectiva, parece claro que buena parte de las críticas dirigidas a la gestión presidencial contienen un elemento injusto, pues para atenderlas el Presidente tendría que violentar su propio programa de gobierno y la voluntad popular expresada en las urnas. Con todo, no puede pasarse por alto el déficit de cumplimiento en lo tocante a la promesa de respeto a la independencia de los poderes de la Unión y sus instituciones.

Si bien la constante interferencia declarativa con el Legislativo, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República –que es un órgano autónomo del Ejecutivo– no llega a quebrantar la legalidad, sí la somete a presiones y jaloneos innecesarios.

Como han señalado diversas voces jurídicas, esta actitud podría afectar el debido proceso y, por ello, poner en riesgo el desarrollo de los juicios, una posibilidad especialmente preocupante ante las indagatorias en materia de corrupción que se encuentran en curso y las que parecen inminentes de acuerdo con la información disponible.

Si bien es cierto que el mandatario goza de la misma libertad de expresión que cualquier otro ciudadano, no puede obviarse que la palabra presidencial tiene un peso mucho mayor al del común, y resulta imposible separar al hombre de la investidura, máxime cuando se habla desde la tribuna más escuchada y atendida del país.