n su escueto Informe de gobierno, el presidente López Obrador destacó, entre otros, dos elementos que dan idea (sin que sea limitativa) de lo que anualmente se robaban de las arcas públicas y de la impúdica herencia de las pasadas administraciones en materia de infraestructura sanitaria, algo que adquiere especial relevancia en estos pandémicos tiempos.

Dijo el mandatario que la austeridad republicana es una realidad, son hechos, no palabras. Ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo. Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos.

Dicho ahorro –que sólo involucra un par de años– supera con creces los presupuestos de muchas dependencias del gobierno, y que en administraciones anteriores terminaban en los bolsillos de unos cuantos. Si se utiliza esa base, entonces el atraco a la nación superaba un billón 600 mil millones en cada sexenio (y fueron seis al hilo), y, como se anota, sólo es un indicativo de la corrupción prevaleciente, del gran pastel de recursos públicos que terminaba en manos privadas.

Por ello, Andrés Manuel subrayó que la peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso, me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que, en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar. Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México y estamos avanzando. Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial.

Otro de los elementos abordados por el presidente López Obrador tiene especial significado en los tiempos que vive el país en materia sanitaria. De una u otra suerte la información por él ayer divulgada se fue conociendo a lo largo de la presente administración, pero así, en paquete, resulta brutal.

Dijo el mandatario: Recibimos el gobierno con 401 hospitales abandonados, saqueados o a medio construir, y con un déficit de más de 200 mil profesionales de la medicina. En pocos meses hemos reconvertido, con el apoyo de los gobiernos estatales, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, 969 hospitales para atender pacientes con Covid-19; se han instalado 32 mil 203 camas y 10 mil 612 con ventiladores. Asimismo, se han contratado 47 mil médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud.

En mayo pasado, ante los cuestionamientos del ex secretario de Salud de Enrique Peña Nieto y ex rector de la UNAM, el priísta José Narro, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que en el gobierno del novio de Tania quedaron abandonados más de 300 hospitales públicos, es decir, en el mejor de los casos construyeron el cascarón (a precio inflado, sin duda), no los equiparon y dejaron para nunca más su habilitación. Y esa práctica fue la constante en los gobiernos prianistas.

Ante tal respuesta, Narro, obvio es, fingió demencia y sordera plena. Pero parece que la realidad es aún peor, porque de acuerdo con la más reciente información de López Obrador en esa circunstancia de abandono se contabilizaron 401 hospitales, lo que de por sí es gravísimo, pero adquiere relevancia estratégica en estos tiempos de emergencia sanitaria, en los que cada cama hospitalaria, cada respirador, cada médico, cada enfermera, resultan invaluables. Por ello, el mandatario subrayó que la pandemia no es un asunto político, sino de salud pública, y por eso he confiado las decisiones en esta materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad.

Las rebanadas del pastel

La cúpula empresarial se queja amargamente de que el Presidente no escucha nuestras propuestas, es decir, las mismas que hundieron al país en los seis sexenios previos y que fueron rechazadas en las urnas por la mayoría de los ciudadanos. Entonces, ¿qué parte del arrasador resultado electoral no ha entendido esa cúpula?

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