El Consejo Judicial Ciudadano (CJC) recibió 15 propuestas de aspirantes a encabezar la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales capitalina, entre quienes destacan ex funcionarios de los gobiernos federal y local, y hasta servidores destituidos por abuso sexual.

Uno es Joel Oswaldo Vega Viazcán, quien en marzo fue retirado de su puesto como subdirector del área del Boletín Judicial por denuncias penales, quejas de acoso sexual y discriminación hacia una trabajadora del Poder Judicial.

Otro es Miguel Ángel Granados Atlaco, cuyo nombre es señalado en redes sociales por presuntos actos de acoso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En la lista destacan los nombres de Armando Hernández Cruz, ex presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y Roberto Duque Roquero, titular de la Unidad de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación.

Entre los aspirantes se encuentran Miguel Espejel Ramírez, ex titular de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Tlalpan de la ex procuraduría local, así como Isaac Enrique San Román de la Torre, ex director de Blindaje Electoral de la Fepade en la administración anterior.

También se inscribieron Saúl Barrita Mendoza, Ramón Celaya Gamboa, Alma Elena Sarayth de León Cardona, Lorena Espinoza Granillo, Óscar Flores Molina, Luis Ricardo Galguera Bolaños, Karina Jardines Zamorano, Joel López Villagómez y José Antonio Sam Carbajal.

Empieza etapa de análisis

Por conducto del Congreso de la Ciudad de México, el consejo dio a conocer que iniciará la etapa de análisis curricular de cada aspirante y abrirá un periodo para recibir opiniones de los ciudadanos.

En un plazo máximo de cinco días hábiles, el consejo dará a conocer quiénes son los aspirantes que cumplen con los requisitos para ocupar el cargo de fiscal. Una vez que se hagan públicos los nombres, los elegidos podrán pasar a la siguiente etapa, que consta del proceso de selección de la terna.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, Eduardo Santillán, afirmó que el nombramiento pudiera tardar aproximadamente cuatro semanas y destacó que se trata de una figura fundamental de la Constitución de la Ciudad de México para hacer frente a posibles denuncias de compra de voto, uso indebido de recursos públicos y violencia política de género.