Buenos Aires., Organismos de derechos humanos de la provincia de Misiones, la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, exigieron una inmediata respuesta por el asesinato de dos niñas de 11 años ejecutadas por una fuerza de tarea del ejército paraguayo, mientras el gobierno argentino espera una respuesta a su reclamo por esta dramática situación.

Sin duda las niñas abatidas son argentinas y vivían en la localidad de Puerto Rico, en Misiones, señalan los abogados, al explicar que eran primas. Lilian era hija de Miriam Villalba, y María del Carmen lo era de Laura Villalba, y vivían con su abuela en esta ciudad fronteriza con Paraguay.

De acuerdo con la abuela de las niñas, ellas querían conocer a sus padres y se investiga si fueron presentadas a la prensa como falsos positivos, ya que los uniformes que tenían puestos –evidentemente grandes para ellas– habrían sido colocados después de muertas y sus ropas fueron incineradas. Se realizó una autopsia que confirma que una niña recibió seis disparos y la otra dos.

El abogado Martín Almada, premio Nobel aternativo, en carta dirigida a las autoridades paraguayas, pidió el inmediato esclarecimiento de los hechos y también lo hizo la Liga Argentina de Derechos Humanos, que calificó de tenebrosa operación lo actuado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ligándolo a la falta de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), aludiendo a los falsos positivos y al Plan Colombia.

Las niñas aparecen como únicas bajas de un supuesto enfrentamiento y sus cuerpos fueron enterrados sin realizar pruebas forenses ni de ADN.

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, no sólo se fotografió junto a uno de los cuerpos, sino que se jactó de que su gobierno había realizado un operativo exitoso en contra del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) y que habían abatido a dos integrantes (las niñas).

El tema de derechos humanos se agita en Argentina ante hechos como éste y el caso de un joven de 23 años, Facundo Astudillo Castro, quien desapareció desde el 30 de abril, cuando inició un viaje caminando desde su pueblo Pedro Luro, en la provincia de Buenos Aires, hacia la ciudad de Bahía Blanca, a unos 115 kilómetros, donde vivía su novia en momentos en que había retenes policiales por la cuarentena decretada por el coronavirus.

Después de más de tres meses muy cerca de Bahía Blanca se encontró el cadáver de Astudillo. Para entonces el presidente Alberto Fernández recibió a Cristina Castro, madre del joven, y tomó en sus manos la investigación. El hecho conmovió a la opinión pública ligándolo a la desaparición y luego muerte del caso Santiago Maldonado desaparecido también en el sur, en la zona andina de la provincia de Chubut, el primero de agosto de 2017 y cuyo cadáver apareció 77 días después en un río casi en el mismo lugar de los hechos.