Adultos mayores que desde 2002 iniciaron los trámites para adquirir una vivienda de interés social fueron defraudados por la organización Vecinos Unidos de San Juan, que realizó en su representación la gestión ante el Instituto de Vivienda (Invi), pero se niega a entregarles sus departamentos que se terminaron de construir en 2018 en el predio de la calle San Isidro 69, en la colonia San Francisco Tetecala, Azcapotzalco.

Los afectados denunciaron que además de pagar las cuotas para la agrupación y asistir a marchas, en todo este periodo han entregado entre 200 mil y 400 mil pesos como anticipo, que han ido a las cuentas bancarias de los líderes Juana Elba González Rico y Antonio Badillo Sánchez, pero ahora les exigen por un supuesto excedente de obras el pago de 162 mil pesos adicionales al préstamo que deberán pagar al organismo de vivienda.

Las aportaciones comenzaron a realizarlas en septiembre de 2002 por conceptos que van desde el enganche para derecho al crédito del Invi, la apertura del préstamo, la compra del terreno, estudios de mecánica de suelo, y así sucesivamente, hasta que se concluyó la construcción de las viviendas.

El proyecto original contemplaba 40 departamentos, pero se modificó y se extendió a 60, divididos en dos edificios. Uno se terminó en 2015 y el segundo en 2018 con la participación de tres empresas constructoras que dejaron las obras en distintos momentos por la falta de pago del Invi, según les explicaban los líderes de la organización.

Desde entonces, señalaron los defraudados, ha sido un ir y venir por el Invi, donde fueron recibidos por el ex director Pedro Sosa, quien se comprometió a resolver su caso, pero tras su salida no habían vuelto a ser atendidos hasta septiembre del año pasado, cuando denunciaron que sus departamentos habían sido invadidos.

Sólo 12 han aceptado

Hubo un operativo y desalojaron a los invasores y aseguraron los departamentos, pero desde el 15 de octubre hemos intentado entablar comunicación con los funcionarios que nos asignaron y no hemos tenido ninguna respuesta, expusieron.

Detallaron que de los 60 departamentos, la organización vendió 40 a 700 mil pesos a personas que no estaban en el padrón, y de los otros, entregaron 12 a los acreditados tras aceptar el pago de los 162 mil pesos adicionales que les exigen.

Ocho familias ya no aceptamos pagar más, no sólo porque no tenemos esa cantidad, sino porque ha sido un abuso, una arbitrariedad. Todos somos adultos mayores que hicimos un sacrificio, pedimos préstamos, hicimos lo que pudimos para tener un patrimonio.

Los afectados pidieron la intervención de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que les sean entregadas las viviendas, las cuales están dispuestos a terminar de pagar, pero conforme a los lineamientos del Invi.