l ultraderechista presidente Jair Bolsonaro asegura que Brasil es un modelo de preservación ambiental y que los incendios forestales ocurren comúnmente en esta época del año.

Para el vicepresidente, el muy reaccionario (no confundir con conservador) general retirado Hamilton Mourão, hay una campaña de desinformación cuyo objetivo es perjudicar las exportazciones brasileñas del agronegocio a Europa y manchar la imagen de Brasil en el mundo.

Para el general –de igual modo retirado y en especial reaccionario– Augusto Heleno, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, lo que sí existe es una campaña lanzada por la organización Articulación de los Pueblos Indígenas, controlada por izquierdistas y vinculada al actor estadunidense Leonardo di Caprio, que funciona 24 horas al día para ensuciar la imagen de Brasil en el exterior.

Mientras, en lo que va del mes, incendios –en su inmensa mayoría intencionales, o sea, criminales– ya consumieron más de 2,5 millones de hectáreas, haciendo desaparecer al menos 12 por ciento de la región conocida como Pantanal, parte de la llamada Amazonia Legal brasileña.

Se trata de la mayor área inundada del planeta y abriga (o abrigaba) una formidable e incomparable variedad de fauna y flora.

La humareda provocada por los miles de focos de incendio hizo que en Porto Alegre, en el extremo sur del país, cayera lluvia negra. El mismo fenómeno era esperado en Sao Paulo y Río este fin de semana.

A lo largo de septiembre del año pasado se registraron 2 mil 887 focos de incendio en el Pantanal. En los primeros 14 días del mismo mes de 2020 fueron casi el doble: 5 mil 300.

De parte del gobierno nacional no existe propiamente inercia: su acción consistió en enviar unos 90 soldados para dar combate al fuego y liberar un presupuesto de emergencia de escasos 650 mil dólares. Otra acción, adoptada desde comienzos del año, ha sido reducir a menos de 2 por ciento el presupuesto anual de prevención y control del medioambiente.

Especialistas en el tema aseguran que la inactividad gubernamental –para no mencionar la reiterada aversión de Bolsonaro a la legislación que impide la minería en áreas protegidas y en reservas indígenas– favorece, cuando no incentiva, la acción de productores rurales dispuestos a multiplicar las áreas de sus plantaciones, principalmente de soya, destinada a las exportaciones.

En el palacio presidencial se asegura que el intento de actuar de manera diplomática ha fracasado y que a partir de ahora habrá una nueva política: confrontar abiertamente las ONG que no hacen más que atacar al gobierno brasileño bajo el argumento de denunciar falsos e inexistentes crímenes ambientales.

Sin embargo, hay los que creen exactamente lo contrario, dentro y fuera de Brasil.

Por estos días se registró lo que el diario derechista O Globo denominó presión histórica, uniendo empresas y los mayores bancos brasileños, organizaciones no-gubernamentales globales y países europeos en un enérgico llamado al gobierno de Bolsonaro para reducir de inmediato la devasta-ción forestal.

Nunca antes, ni siquiera en tiempos de la dictadura militar de 1964 a 1985 (y que Bolsonaro dice que no existió), el país sufrió semejante ola de presión interna y externa.

Si desde principios del pasado mes de junio embajadas brasileñas, principalmente las ubicadas en Europa, recibían reiteradas cartas con la advertencia de grave preocupación por lo que ocurría en Brasil, ahora las amenazas se hicieron más claras y concretas.

El gobierno francés, por ejemplo, ya anunció que no acudirá a la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur debido a la devastación ambiental que ocurre en Brasil.

Un grupo de países (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Italia, Holanda, Francia, Noruega y Gran Bretaña) envió al vicepresidente Mourão un oficio afirmando que el aumento de la deforestación está haciendo cada vez más difícil a las empresas e inversionistas atender a sus criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

O sea, aumentó, y mucho, el riesgo de que se suspendan inversiones e importaciones en el agro-negocio del país.

La reacción de Mourão ha sido típica del gobierno de Bolsonaro: anunció que invitará a los embajadores de esos países para visitar la Amazonia y constatar que no ocurre lo que sí está pasando.