La recuperación paulatina del empleo en el contexto de la crisis por el Covid-19 ha llevado a que uno de cada cuatro trabajadores en México perciban ahora un ingreso que no supera el salario mínimo, que apenas está por arriba de la línea de pobreza establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de 3 mil 238.64 pesos en agosto pasado.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por menos de un salario mínimo trabajó en agosto 24.26 por ciento, uno de cada cuatro personas que participan de la fuerza laboral del país.

Entre quienes ganan hasta tres salarios mínimos y aquellos que en lugar de un sueldo reciben propinas por su trabajo se agrupan ocho de cada 10 trabajadores. Son las proporciones más altas de las que hay registro en el organismo.

Los datos parten de la Encuesta nacional de ocupación y empleo nueva edición (Enoen), el segundo instrumento contingente para levantar los datos de empleo en el contexto de la pandemia de Covid-19 dada la reducción de las encuestas presenciales.

A diferencia de los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la información del Inegi cuenta la ocupación no sólo en el sector formal, que es minoría en el país, y también la informal.

Es un hecho que el sector informal precarizó de forma muy importante sus condiciones laborales, explicó César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Si bien los datos de las tres encuestas que han servido para dar seguimiento al mercado laboral en el último año no pueden ser del todo comparables, los datos de Inegi dan para inferir que con la reapertura de la actividad económica, los trabajadores no formales se están integrando con peores condiciones, menor salario y más horas de trabajo, abundó.

En los registros del IMSS la mayor pérdida de empleos formales entre marzo y agosto pasados se dio entre quienes percibían un salario mínimo; una baja acumulada de 14.34 por ciento. Entre quienes ganan dos salarios base la merma fue de 4.57 por ciento. Los primeros representan 0.13 por ciento de los trabajadores formales en el país –frente al 24.26 reportado por el Inegi para todo el mercado laboral– y los segundos, 49.09 por ciento.

Pese a que la mayoría de los ocupados en el país y sus ingresos reales no toman en automático los ajustes salariales dictados por la autoridad cada año, Salazar explicó que los incrementos de salario mínimo en 2019 y 2020, y previos a éstos, sí comenzaron a tener efecto sobre la masa salarial en el país.

Se requiere una política salarial, porque la reducción ha sido brutal, el salario mínimo ha perdido 60 por ciento de su poder adquisitivo desde principios de los 80, añadió. Por ejemplo, en 2019 la cotización real de los salarios medios del IMSS eran poco mayores a los de 1994. Esto exhibe que “no ha habido una política decidida para contribuir a una mayor productividad que dé a los trabajadores también la posibilidad de un mayor poder adquisitivo.

La falta de crecimiento económico es la principal razón”, recalcó. Por ende, la política económica debe versar en reactivar la actividad y aumentar los salarios. Se debe crear riqueza y distribuirla mejor. Son procesos simultáneos, explicó.