Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechaza la consulta popular sobre el juicio contra cinco ex presidentes, yo me deslindo y que el Poder Judicial asuma su responsabilidad, aseveró el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador. Anunció que de inmediato presentaría una iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional, con el propósito de que no se cancele la democracia participativa, porque ese precepto –que establece el derecho del pueblo a ser consultado– quedaría en letra muerta y sería una simulación.

La víspera de que se discuta el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que plantea declarar inconstitucional la consulta, el mandatario solicitó al pleno de la Suprema Corte considerar los sentimientos de los ciudadanos, porque resolverán si en los hechos se aplica la democracia participativa o nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa.

Sugirió a los ministros que ayer mismo realizaran entrevistas a la gente en la calle, si no se puede con el rigor metodológico de una encuesta, porque la ciudadanía quiere ser tomada en cuenta, y les recomendó analizar cómo de forma inédita en 15 días se reunieron 2 millones de firmas solicitando la consulta.

Se hizo, explicó, sin dinero, patrocinadores, medios de comunicación haciendo promoción, partidos ni gobierno, sólo porque se corrió la voz y por las redes sociales. Incluso, de haberse convocado a una movilización, habría habido muchísima participación, porque la gente no quiere ser ciudadano imaginario.

La resolución de la Corte, recalcó, será muy importante porque definirá si damos un paso adelante para que el pueblo en todo momento decida la forma de su gobierno o se quiere que sólo vote cada tres o seis años para tener representantes. Va más allá del margen estrecho de la legalidad y no deja de ser legal, está en el artículo 35 de la Constitución.

Insistió en que la consulta no violaría los derechos humanos de los ex presidentes, pues la pregunta que planteó claramente indica que si el pueblo decide que sean juzgados, se actúe conforme a los procedimientos legales y se aplique el debido proceso, por lo que no habría juicios sumarios.

Al recordar que fue muy vergonzoso que los ministros rechazaran la consulta sobre la privatización de la industria energética, a pesar de que se reunieron las firmas, con el argumento de que se afectaban las finanzas públicas, el Presidente preguntó: ¿Vamos a seguir con lo mismo? Yo me deslindo y que cada poder asuma su responsabilidad; en este caso, el Poder Judicial tiene que decidir.