La posible eliminación de los fideicomisos que sustentan al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) generó posturas divididas entre organizaciones civiles, pues mientras algunas señalan que este acto las dejaría en el desamparo, otras consideran que podría facilitar un manejo más eficiente de los recursos.

En vísperas de que el pleno de la Cámara de Diputados vote la extinción de 109 fideicomisos, familiares de víctimas de diversos agravios comenzaron afuera del Palacio de San Lázaro lo que podría ser un plantón por tiempo indefinido en demanda de que los recursos para atenderlos no sean recortados.

Leonardo Martínez Armenta, miembro del colectivo Buscando Cuerpos, advirtió que si los legisladores desaparecen los fideicomisos de ayuda, podrían cesar las diligencias de localización de personas desaparecidas y la entrega de apoyos económicos a sus familias.

El activista explicó que el primer objetivo de los manifestantes será pedir una reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, para explicarle los motivos por los cuales ellos piden que no desaparezcan los mencionados fondos, pero en caso de que esto no les dé resultados, podrían iniciar un plantón afuera de San Lázaro.

Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, consideró que la falta de supervisión de los fideicomisos de apoyo a víctimas hizo que éstos se volvieran un objetivo del actual gobierno. Aunque admitió que si los fondos pasan a manos de la Secretaría de Hacienda su ejercicio se volvería más burocrático, también podrían ser administrados con mayor eficiencia.

El dinero va a a alcanzar para más, porque no va a existir esta forma de clientelismo que se estableció en la CEAV, donde entraron algunos seudoactivistas a trabajar ahí y lo que hicieron fue favorecer a sus grupos afines, los que les servían de plataforma para mantenerse en esos cargos, denunció.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado urgente al Congreso para asegurar los recursos económicos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que centralizar la administración de éste generaría obstáculos para implementar medidas de auxilio a estos grupos que han sido víctimas de agresiones.