A partir de la recomendación 15VG/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa hace dos años, la actual dirección de ese organismo planea desarrollar una nueva indagatoria que se plantee dar con el paradero de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, pero también explorar a fondo la cadena de mando que hizo posible este delito y a los autores intelectuales del mismo.

De acuerdo con un documento preliminar elaborado por el equipo del ex primer visitador José Martínez Cruz –del cual La Jornada tiene una copia– aunque se reconoce que la anterior recomendación tiene un acervo de información estupendo, también se le critica por no haber sido útil para encontrar a los estudiantes ni a los posibles autores materiales de los hechos en las filas militares ni de la Policía Federal.

En el texto, de más de 250 cuartillas, se indica que el 15 de marzo se contrató a José Sotelo para hacerse cargo de los trabajos de revisión del texto recomendatorio hecho por la desaparecida Oficina Especial para el Caso Iguala, acompañado de un equipo de tres visitadores y un perito, quienes explorarán diversas líneas de investigación que se consideraron no agotadas, entre ellas la presunta participación de militares.

Luego de explicar que la finalidad es avanzar en una indagatoria que daría pie a una nueva recomendación y a un informe final contenido en un libro blanco, como hacen los equipos de la Organización de Naciones Unidas, los autores del documento señalan que una de las prioridades de la CNDH debe ser el análisis genético de 538 fragmentos óseos con probabilidades de que correspondan a los normalistas desaparecidos.

En los mismos términos, el resumen preliminar lamenta que la anterior investigación elaborada durante la época en que Luis Raúl González Pérez era el titular de esa comisión, “es muy parecida a la presentada por la Procuraduría General de la República como ‘verdad histórica’”, según la cual todos los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, por lo que llama a replantear las líneas de la indagatoria.

Cuando los actores materiales acusados son militares y policías de varias corporaciones, la investigación forzosamente debe incluir la cadena de mando, cuando menos hasta al nivel de un personaje que tenga ese poder para coordinar una acción entre tantas corporaciones y con un poder político suficiente para obstruir las investigaciones con el fin de que no se conozca la verdad, plantea el documento.

El autor intelectual de este crimen sólo puede ser alguien que tenga un nivel de mando y poder político real con las características anteriores. La investigación debe dirigirse a descubrir quién pudo ordenar este crimen y que sea sometido a juicio, recalca el proyecto.