l pasado lunes se conoció el acuerdo público-privado para invertir cerca de 300 mil millones de pesos en 39 proyectos (comunicaciones y transportes, energía y turismo, entre otras áreas), con lo que se espera un fuerte impulso a la economía mexicana y a la generación de empleo formal. Se trata, de acuerdo con los promotores, de reactivar y recuperar lo que la pandemia se ha llevado.

Con tal acción se estima que la inversión privada aumente su participación en alrededor de un punto porcentual del producto interno bruto, y se espera que a mediano plazo esa proporción se incremente a tres puntos. Ese es el compromiso y lo único que falta es que lo cumplan.

En vía de mientras, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico –de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes– considera que tal compromiso representa un primer paso en favor de la inversión productiva que el país requiere para impulsar la generación de empleo formal y el consumo asociado. Para lograr la meta anunciada por las autoridades de una inversión de 25 por ciento como proporción del PIB, se requerirá de una inversión adicional de otros 900 mil millones de pesos, por lo que se debe reforzar la estrategia con medidas integrales que permitan llegar a más acuerdos.

El citado acuerdo, cuyo corazón es de naturaleza industrial, reconoce un hecho: en la actual coyuntura sólo la industria puede constituirse como el motor de crecimiento emergente que requiere el país cuando se complementa con servicios de alto valor agregado. El tiempo avanza rápidamente y las variables estratégicas muestran la necesidad de lograr consensos como el citado.

El consumo privado y la inversión sintetizan el estado de la economía, al tiempo que presentan la situación real que enfrentan hogares y empresas. Para el caso de México, en conjunto, el consumo privado y la inversión representan cerca de 85 por ciento del PIB: su evolución es el resultado del desempeño de la economía. De igual manera, constituyen una condicionante de la dinámica futura tanto de los procesos productivos como de las condiciones sociales que se viven en el país: su fortaleza o debilidad se traslada al mercado interno.

No se entiende el bajo crecimiento económico que ha caracterizado a la economía mexicana durante los últimos 40 años sin reconocer la precarización de la inversión, particularmente de la parte pública, y de las posibilidades de consumo de las familias mexicanas. En ese contexto se observa que durante julio pasado ambas variables contabilizaron un nuevo retroceso a tasa anual: el consumo privado disminuyó 15.3 por ciento, su séptima caída consecutiva. Por ello, en los primeros siete meses de 2020 su promedio de variación anual fue de menos 12 por ciento. Por su lado, en el séptimo mes del año la inversión fija bruta disminuyó 21.2 por ciento; hasta julio su promedio anual fue de menos 21.9 por ciento. La inversión acumuló 18 caídas consecutivas y 20 en los últimos 21 meses.

Los resultados del consumo y la inversión se encuentra alineados con el de la economía en general, el retroceso promedio de 10.1 por ciento registrado por el Indicador Global de Actividad Económica fue producto de la contracción observada en sus dos componentes esenciales: consumo e inversión.

Las rebanadas del pastel

Los videntes financieros, nacionales y foráneos, y sus proyecciones económicas –que a lo largo de los años se han quedado cortas o de plano se fueron hasta la cocina– perciben un futuro por demás aterrador para las economías mexicana y global, a menos, claro está, que los gobiernos respectivos acaten milimétricamente y sin chistar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, en el entendido de que si esto último no sucede (versión del FMI, desde luego) la nube negra será cada vez más ídem y el Apocalipsis será un cuento de niños comparado con lo que se viene. A lo largo de los pasados 40 años lo han repetido hasta el agotamiento y, crisis tras crisis, las recetas fondomonetaristas lo único que han logrado es hundir, cada vez más, a las naciones aplicadas.

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