l lunes pasado alrededor de 50 personas tomaron la caseta de peaje de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro, y exigieron a los automovilistas el pago de una cuota para permitirles el paso. Después de que 16 de los civiles que intentaron controlar la caseta fueran remitidos al Ministerio Público por probable ataque a las vías de comunicación, ayer unas 150 personas volvieron a ocupar el peaje e instalaron una carpa en uno de los carriles de la autopista en demanda de que se libere a los detenidos.

La toma de casetas y la petición –o exigencia– de una cooperación a los automovilistas es una práctica de larga data que se ha visto acentuada en el presente sexenio ante la renuncia de las autoridades federales al ejercicio de medidas represivas en sus tareas de vigilancia de las autopistas de cobro. El aumento en la frecuencia de estas invasiones, así como su ocurrencia en localidades donde no solían presentarse, da pie también a la sospecha de que no todas son acciones espontáneas o que respondan a circunstancias locales, sino que detrás de algunas de ellas podrían encontrarse intereses inconfesables.

Esta problemática plantea la necesidad de discernir entre las expresiones auténticas de movimientos sociales que recurren a la toma de carreteras como un medio de visibilización de sus demandas, de un lado, y los grupos que simplemente buscan apropiarse de los recursos del erario mediante un doble robo: por una parte, impiden que el dinero llegue a la caja de las taquillas y, además, extorsionan a los usuarios con el cobro de cuotas. Además del quebranto económico que ello supone, existe un desafío al Estado en tanto los embotellamientos generados por estas prácticas obstruyen el derecho al libre tránsito.

Para hacer frente a la situación se requiere un análisis muy cuidadoso que permita garantizar la funcionalidad de las autopistas –medio indispensable de circulación tanto de personas como de mercancías–, los derechos de sus usuarios y, por otra parte, el derecho a la libre manifestación de los movimientos sociales y la expresión de los descontentos ciudadanos, cuando sea el caso. A partir de dicho análisis debe elaborarse una política basada en protocolos y criterios de actuación, diseñarse mecanismos jurídico-institucionales de respuesta y proponer eventuales ajustes o reformas legales que llenen los posibles vacíos en la legislación actual.