El caso de la detención del general Salvador Cienfuegos por supuestos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero es una muestra del tamaño de la participación de elementos militares de todos los rangos en actividades delictivas, pero dichos agravios nunca son investigados en México, debido a la protección e impunidad que históricamente se le ha garantizado a las fuerzas armadas, señalaron organizaciones civiles.

Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, afirmó que la complicidad entre agentes castrenses y grupos delincuenciales es un fenómeno presente en todo el país, pero que ocurre de forma particularmente grave en entidades como Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, donde hay acusaciones públicas contra uniformados.

A pesar de ello, lamentó el activista, “el Poder Ejecutivo no los investiga, el Legislativo no se mete con ellos y el Judicial los ayuda y los protege.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en vez de ordenar una indagatoria profunda (sobre Cienfuegos), se pone a hablar de la presunción de inocencia, queriendo defender lo indefendible, y eso es muy preocupante.

Narcoestado

Por su parte, Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, señaló que en México existe un “narcoestado policiaco militar”, en el cual las fuerzas armadas forman parte de una estructura de complicidad entre servidores públicos y grupos delincuenciales.

Esta aprehensión “nos permitirá el ‘efecto carambola’ de conocer de forma más palpable el rol del Ejército en este esquema. Muchos juristas han salido en defensa de las autoridades, pero si 18 gobernadores están presos o son investigados, además de secretarios de Estado y procuradores, ¿cómo no vas a pensar que se trata de un narcoestado?”