El pasado jueves se cumplieron ocho años del asesinato de los ambientalistas Ismael Solorio y Manuelita Solís en el estado de Chihuahua, sin que hasta el momento se haya capturado a los responsables, lamentó la organización civil El Barzón, la cual subrayó que la actividad minera es la responsable de la muerte de ambos defensores.

En un posicionamiento sobre el tema, el colectivo recordó el homicidio de los activistas, ocurrido el 22 de octubre de 2012, y denunció que en el octavo aniversario de los hechos, los compañeros de las víctimas se han encontrado con un gobierno estatal que ha sido rebasado en su lucha por la corrupción y que no ha cumplido su compromiso de sancionar a los responsables por este crimen.

De igual manera, señalaron que el gobierno federal descalifica cualquier crítica o disidencia y sigue reproduciendo una descoordinación endémica con las autoridades de Chihuahua, lo cual contribuye a la impunidad, al no concretar la colaboración necesaria para lograr la justicia.

En el mismo tono, dijeron: no olvidamos que la actividad minera es responsable de la muerte de Ismael y Manuelita, por lo que no tendrá cabida en nuestro Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Por ello mantenemos nuestra exigencia al gobierno del estado de Chihuahua para que se abstenga de promocionar la actividad minera en nuestra comunidad.

El Barzón exigió a las autoridades estatales que se implementen todos los esfuerzos necesarios para lograr la captura de los responsables del doble homicidio. En este último año que resta del gobierno de Javier Corral, queremos recordar el compromiso que hizo desde su campaña y frente al memorial de Ismael y Manuelita para hacer justicia.

De acuerdo con estudios de colectivos civiles como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), de 2012 a 2019 han sido asesinados al menos 86 defensores de la tierra, muchos de los cuales eran indígenas y vivían en Chihuahua.

Algunos de los casos recientes en dicha entidad han sido los de Isidro Baldenegro (ganador del premio Goldman), quien fue privado de la vida el 15 de enero de 2017; Juan Ontiveros Ramos, el 3 de febrero de 2017; Juan Zamarrón Torres, el 1 de abril de 2019, y Antonio Montes Enríquez, el 17 de junio de 2020.

Según el informe del Cemda, en el periodo señalado hubo cerca de 500 ataques en contra de defensores de la tierra y el medio ambiente, de los cuales 141 tuvieron que ver con movilizaciones en contra de proyectos de generación de electricidad, mientras 71 estuvieron relacionados con la minería.