Organizaciones civiles especializadas en temas penitenciarios advirtieron que el cierre de tres centros federales de readaptación social (Cefereso) y el traslado masivo de sus internos se ha llevado a cabo en medio de opacidad e incertidumbre, lo que puede generar múltiples violaciones de derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

La asociación civil Documenta recordó que el pasado miércoles se anunció de manera oficial el cierre del Cefereso 6 Sureste, ubicado en Huimanguillo, Tabasco, en lo que significa la segunda acción de este tipo en menos de un mes, pues el 28 de septiembre se desincorporó el Penal de Puente Grande, Jalisco.

En ambos casos, advirtió el colectivo, se trató de anuncios repentinos, de los que se carece de información pública detallada con respecto a las causas e intenciones, y del destino de las personas internas, por lo que el jueves 22 presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que dicho organismo emita medidas cautelares que eviten posibles violaciones a las garantías básicas de los reos.

Documenta llamó al Sistema Penitenciario Federal a realizar los traslados con apego a lo establecido en la Constitución, la Ley Nacional de Ejecución Penal y las Reglas Mandela, para informar a las familias sobre el destino de sus seres queridos, además de recalcar que el ahorro del presupuesto público no puede ser el único argumento para modificar radicalmente la vida de cientos de personas.

Por separado, pero en el mismo sentido, la organización Asilegal subrayó que, además de Puente Grande y Sureste, desde el inicio del actual gobierno se cerró el Cefereso de las Islas Marías, lo que provocó el traslado de 3 mil 524 internos, sobre cuyo paradero poco o nada se ha dicho.

El Estado no puede pasar por alto que las personas privadas de libertad son sujetas de derechos y que, al efectuar traslados masivos durante la madrugada, con total opacidad, la tortura y los tratos crueles e inhumanos se vuelven la regla, en un escenario donde incluso pueden configurarse desapariciones forzadas, alertó.

Asilegal agregó que los traslados masivos implican riesgos sanitarios por el Covid-19 y podrían causar rebrotes, por lo que el eventual contagio o muerte de internos o personal penitenciario cae completamente en la irresponsabilidad del Estado por procurar sus derechos.