Más de 500 profesores integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), adscritos al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, una de las casas de estudios superiores privadas más reconocidas y costosas del país, solicitaron al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) revertir las decisión de cancelar sus estímulos económicos como parte de esa estructura.

En una carta, los académicos explican que en días pasados fueron informados por su institución educativa sobre la decisión del Conacyt de no renovar el convenio con el que todavía cuenta el Tecnológico de Monterrey, lo que pone en alto riego los estímulos económicos que reciben, de acuerdo con el nivel alcanzado en el SNI.

El Conacyt ya informó a varias instituciones privadas de educación superior su decisión de renovar, al menos en las actuales condiciones, dichos convenios mediante los cuales sus académicos acceden a los estímulos financieros al formar parte del sistema.

El nuevo reglamento del SNI, recién publicado en el Diario Oficial de la Federación, en su artículo 61 establece no sólo que los apoyos económicos se darán de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, sino que tendrán prioridad los científicos o tecnólogos de las dependencias, entidades, instituciones de educación superior y de los centros de investigación del sector público o de las entidades federativas.

En esa misma situación están también la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuyos convenios ya no serían renovados, por lo que sus investigadores sólo recibirán los estímulos hasta este mes de octubre.

Directivos de esas casas de estudios privadas han explicado que algunas de las cláusulas de los acuerdos establecen, entre otros puntos, que la institución educativa debe invertir anualmente en investigación un monto equivalente a la cantidad de recursos que reciben sus profesores como integrantes del SNI.

En la carta citada, difundida por medio de redes sociales de la institución, los profesores del Tec señalan que si bien la cancelación del estímulo económico aún no se les ha notificado en lo individual como investigadores, sí consideran que una medida de esa naturaleza implicaría la afectación clara a sus derechos y un trato discriminatorio.