El objetivo del gobierno de que el sistema eléctrico sea alimentado primero por hidroeléctricas, después por otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego por eólicas o solares de particulares y al final por los ciclos combinados de empresas privadas requerirá cambiar el marco jurídico actual.

Fluvio Ruiz Alarcón, experto en temas energéticos, comentó que el párrafo octavo del artículo 25 constitucional establece que la ley deberá alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que contribuyan al desarrollo económico nacional con la promoción de la competitividad y, de manera paralela, el 28 prohíbe las prácticas monopólicas.

Si se quiere ir más lejos, se requiere reformar la Constitución para eliminar el mercado eléctrico mayorista, el acceso abierto a la red eléctrica por parte de particulares y la idea de que la electricidad es una mercancía; asimismo, tendrá que organizarse el suministro eléctrico como un servicio público integrado verticalmente (desde la generación hasta la venta al usuario final pasando por la transmisión y la distribución), con planeación de mínimo costo y reservar para el Estado la generación cuando tenga la finalidad de prestar un servicio público.

Al hablar sobre las crecientes presiones del extranjero contra la política energética del gobierno, el especialista dijo que se necesita de una sólida respuesta interna, la cual debe ser forjada colectivamente y con la legitimidad social que sólo da un debate amplio, franco, informado e incluyente con el fin de hacer los cambios legislativos necesarios para dar soporte social y coherencia de conjunto a la arquitectura institucional, el marco jurídico y a la política energética.

En la electricidad hay que distinguir entre las tarifas que paga el sector residencial y las de comercios, industrias y otros consumidores en media y baja tensión.

Para Ruiz Alarcón, el compromiso presidencial en cuanto al aumento de tarifas para compensar la inflación se refiere a las costos residenciales, por lo que no se necesita modificar la Ley de la Industria Eléctrica para cumplirlo.