Trabajadores de las áreas de Contraloría, Asuntos Internos y de la Defensa de la Mujer de la Fiscalía General de Justicia abandonaron las oficinas ubicadas en Izazaga 89, edificio que resultó dañado por los sismos de 2017 y por las que se erogaba una renta mensual de un millón 818 mil 15.01 pesos, monto 260 por ciento superior al pagado por otros arrendatarios.

De acuerdo con el contrato número PGJCDMX-012-2020, celebrado por el oficial mayor Gerardo Calzada Sibilla y el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía F/967, representado por Salomón Mercado Bazbaz, en su carácter de apoderado legal, la dependencia capitalina arrendó los pisos 5 y 15, además de 80 cajones de estacionamiento en los inmuebles de José María Izazaga 89 y Nezahualcóyotl 120, colonia Centro, por una vigencia de tres meses forzosos, que corrieron del primero de enero al 31 de marzo.

Las dimensiones de los pisos rentados es de 8 mil 263 metros cuadrados, sin embargo, no corresponden con los 4 mil 920 metros utilizados, lo cual supondría un pago en exceso que debe investigar la dependencia, de acuerdo con una denuncia ciudadana.

En el documento dirigido a las fiscalías General de Justicia y para Delitos Cometidos para Servidores Públicos, y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se señaló la existencia de actos de corrupción administrativos y delitos de carácter penal.

Con la contratación de pisos y cajones de estacionamiento en el edificio México Mart se puso en riesgo la vida de decenas de trabajadores, porque resultó severamente dañado en los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

La empresa CTC Ingenieros Civiles emitió un dictamen estructural el 21 de septiembre de ese año y señaló que los sismos sólo causaron daños en elementos no estructurales y los contenidos del inmueble; no obstante, dictaminó el uso y operación restringida hasta que se rehabiliten los deterioros detectados, de acuerdo con el documento firmado por Carlos Tapia Castro como corresponsable en seguridad estructural.

Dicha rehabilitación consistió en arreglos superficiales, como la colocación de 102 toneladas de porcelanato, puntualizó.

La denuncia ciudadana del 5 de mayo pasado destaca que otra anomalía es el pago en exceso por los pisos arrendados, pues mientras otros ocupantes del inmueble pagan 270 mil pesos mensuales, la FGJCDMX eroga 900 mil por piso, lo cual debe investigar.

El inmueble representa una bomba de tiempo para alrededor de nueve mil ocupantes.