Guadalajara, Jal., Dos días después de que el gobernador Enrique Alfaro presentó su segundo informe sobre personas desaparecidas en Jalisco, en el cual aseguró que aumentaron las cifras de encontradas, identificadas y detenidas por desaparición forzada, una decena de organismos civiles y familiares de ausentes se unieron para desmentir al mandatario estatal en lo que llamaron El contrainforme: las familias hablan.

Su informe fue un ejercicio unilateral para instalar una versión oficial, porque si hubiera hablado con la verdad eso implicaría reconocer que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) desaparece a las personas, que los recursos son insuficientes y que miles de familias somos maltratadas y seguimos sin respuesta ante el nulo avance de las averiguaciones, expresó Esperanza Chávez, del colectivo Por Amor a Ellos.

En su informe, Alfaro dijo que en Jalisco hay 9 mil 731 personas desaparecidas desde 1965 hasta septiembre de 2020, y de octubre de 2019, fecha del primer informe sobre desapariciones, a septiembre pasado, han sido localizadas 3 mil 635 personas por la FEPD.

Desde el inicio de la administración hice el compromiso de que no iba a permitir que este tema se desvaneciera. Se ha destinado más del doble del presupuesto a esta agenda prioritaria; abrimos el proceso de rendición de cuentas de este año en Jalisco, reafirmando el compromiso de que no vamos a parar en el estado hasta encontrar a los que nos faltan, dijo Alfaro el martes pasado.

La declaración fue rechazada por los organismos ciudadanos Por Amor a Ellos, Entre Cielo y Tierra, Guerreras de Chapala, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Nuestro Presupuesto, Tómala y observatorios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.

En redes sociales, los organismos presentaron testimonios de familiares de desaparecidos que señalaron que la realidad está muy alejada de lo que Alfaro y la fiscal especial Blanca Trujillo Cuevas expusieron en su informe, porque hay evidentes fallas y pocos resultados.

A mi hijo se lo llevaron el 13 de julio de 2017 y desde entonces he batallado porque la fiscalía nunca ha mostrado avance. Siempre dicen que están cambiando de Ministerio Público, señala el testimonio de una mujer.