El contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) con Etileno XXI –que será cancelado por el gobierno, según anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador– fue firmado el 19 de febrero de 2010, durante la gestión del entonces presidente Felipe Calderón y se concretó bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El contrato del proyecto Etileno XXI –consorcio formado por Brasken, filial de la brasileña Odebrecht, y la mexicana Idesa– obliga a Pemex a venderle 2 millones 980 mil 220 metros cúbicos de etano por día, equivalentes a 66 mil barriles diarios, durante al menos 20 años, con un precio de descuento hasta de 30 por ciento por debajo del mercado.

Las cláusulas establecen que si Pemex no puede cumplir con ese suministro, se ve obligado a importar gas etano y venderlo a Etileno XXI a precios bajos.

Pérdidas durante el peñato

La planta industrial del consorcio se ubica en Nanchital, Veracruz; comenzó operaciones en enero de 2016 y provocó pérdidas acumuladas a Pemex por alrededor de 6 mil 500 millones de pesos, sólo entre 2016 y 2018, últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto, según documentó la Auditoría Superior de la Federación.

Bajo el proyecto Etileno XXI funcionarios de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y empresarios urdieron un plan transexenal para privilegiar a una compañía privada en detrimento de la industria petroquímica nacional.

Las condiciones totalmente adversas para Pemex incluyeron penalizaciones en caso de que no cumpliera con el suministro confiable de etano al complejo Etileno XXI, pese a que la petrolera no produce el suficiente energético para cubrir la demanda local.

Productividad

El etano es la materia prima para la producción de etileno, el cual, a su vez, ocupa el segmento más importante de la industria petroquímica y es convertido en gran cantidad de productos finales e intermedios, como plásticos, resinas, fibras y elastómeros (todos ellos polímeros), así como solventes, recubrimientos, plastificantes y anticongelantes.

Desde su preparación, hasta mucho después de la firma del contrato, se reservó la información sobre las condiciones en que operaría ese acuerdo a solicitud de consorcio.

Brasken es una subsidiaria de la brasileña Odebrecht, acusada de sobornar a funcionarios y financiar campañas políticas a cambio de contratos en diversos países de América Latina.