Madrid. La Audiencia Nacional española confirmó la orden de extradición a México del presidente de Altos Hornos de México (Ahmsa), Alonso Ancira, quien se encuentra encarcelado en una prisión de Palma de Mallorca y quien había alegado una persecución política espuria para intentar evadir su entrega. Con esta resolución de la sala de lo penal, que votó de forma unánime por la entrega, se agota el proceso judicial y las debidas garantías que se exige, con lo que se prevé que en las próximas semanas, incluso días, sea finalmente trasladado a nuestro país por las autoridades españolas. El último paso será la aprobación de la entrega en el Consejo de Ministros del Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que es en realidad mero formalismo cuando se trata de una resolución judicial.

En respuesta al recurso de suplica presentado por la defensa de Ancira, que es similar al recurso de amparo en la legislación mexicana, la sala de lo penal del órgano judicial español explicó que se confirma la entrega del empresario al entender que los delitos por los que es reclamado por la justicia mexicana también son delitos perseguidos en España, con lo que concurre por ello el principio de doble incriminación. Por tanto, es procedente la entrega.

Los magistrados españoles explican que la justicia mexicana investiga cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de Ahmsa a la empresa Tochos Holding, vinculada al ex director general de Pemex Emilio Lozoya, por 3.4 millones de dólares. Apunta que en noviembre del mismo año, Lozoya adquirió un inmueble en una zona residencial de la Ciudad de México y un mes después, una vez elegido director general de Pemex propuso rehabilitar y después adquirir una planta para producir fertilizantes, propiedad de Ahmsa, que llevaba inactiva 14 años y que se adquirió por 275 millones de dólares, cuando su valor de tasación se fijó en unos 58 millones de dólares estadunidenses. Se trata de la empresa Agronitrogenados, que está bajo la lupa de la justicia mexicana desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador.

Dudosa transparencia

En la resolución, los magistrados españoles lo señalan con precisión: “Entre junio y noviembre de 2012, Ahmsa hace cuatro transferencias económicas a Tochos Holding Limited (vinculada a Emilio Ricardo Lozoya Austin a través de su hermana Gilda Susana) por 3.4 millones de dólares. Entre ambas empresas ni hay vínculos comerciales ni hay negocios. Las transferencias suponen un acto de triangulación de fondos a través de transferencias económicas en una cuenta bancaria en Suiza, donde se ingresan, en favor de una empresa constituida en las Islas Vírgenes –centro financiero offshore de dudosa transparencia fiscal– en la que la participación del señor Lozoya, se haya intermediada a través de la figura de confianza de su hermana, que obra como testaferro [prestanombres]”.

La justicia española confirmó que los hechos investigados constituirían los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude y malversación de caudales públicos. Además, en la resolución se explícita que los hechos investigados y por los que es reclamado por la Fiscalía General de la República, en ningún caso supone un caso de persecución política, como denunció Ancira durante su comparecencia, en la que acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre esta acusación, el auto judicial del tribunal apunta: Es una nueva especulación de cariz victimista, no probada, que decae cuando se aprecia el escaso tiempo en que en España se aseguró la eficacia de esta medida con la figura de la prisión preventiva y el ya dilatado plazo de duración de la presente extradición que, podría haberse evitado con su consentimiento en favor del sistema mexicano que, según dice [Ancira], no aseguraría preventivamente estas presuntas responsabilidades penales con el instituto de la prisión provisional, y que, sin forzadas comparaciones, se ha ido rigiendo por el tratado firmado entre los dos únicos países realmente concernidos.

Ancira, El rey del acero que tiene una fortuna de más de 800 millones de dólares, se encuentra preso en Palma de Mallorca desde el pasado 7 de noviembre, tras ser detenido por la policía española tras acudir a firmar en su comparecencia semanal en la comisaría, a la que estaba obligado por las medidas cautelares de la prisión preventiva. El encarcelamiento se ordenó por lo inminente de la extradición y para evitar cualquier fuga, máxime cuando el detenido intentó evadir a la justicia mexicana en mayo de 2019. Ahora su entrega a las au­toridades mexicanas depende de la firma del Consejo de Ministros, que es en realidad mero trámite y que se celebra los martes de cada semana, así que Ancira podría iniciar su viaje de regreso a México a partir del 17 de noviembre.