l anuncio de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el establecimiento de precios de garantía fue recibido con mucho entusiasmo por los agricultores. La experiencia de buenos precios antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, organización entre ejidatarios, constitución de empresas campesinas, existencia de mercados para sus cosechas no inundados por importaciones, era alentadora.
Sin embargo, los precios de garantía de hoy, aunque llevan el mismo nombre, no tienen la misma función de regulación, subsidio y fomento que en el pasado, pues México está en muy diferentes condiciones, con un mercado totalmente abierto a las importaciones de América del Norte y escasez de recursos fiscales.
Así, cuando la promesa tocó tierra se esfumaron muchas de las expectativas. Los precios de garantía únicamente se destinarían a los productores de auto-consumo de maíz, con parcelas no mayo-res a cinco hectáreas de temporal que podrían comercializar hasta 20 toneladas. En el caso de frijol, los campesinos debieron convencer al gobierno para aumentar el tamaño de la parcela hasta 30 hectáreas de temporal o cinco de riego, con 15 toneladas por agricultor.
Los dos básicos, maíz y frijol, son acopiados y pagados directamente por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a un precio definido por el gobierno y mayor al precio de mercado. Para el primer año de operación (2019), y de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el maíz tuvo el peor desempeño. Según el Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP), existen 2.2 millones de campesinos de autoconsumo que cultivan maíz y son a quienes se destina este programa, pero Segalmex únicamente compró a 3 mil 699 maiceros, que equivale a 0.17 por ciento de ellos. Adquirió sólo 48 mil 283 toneladas de los 6.4 millones que producen y llevan al mercado, 0.8 por ciento del total. Como era de esperarse, los producto-res con mayores volúmenes (de 15 a 20 toneladas) fueron casi la mitad de los atendidos, porque muchos productores de autoconsumo prefieren guardar su cosecha para consumirla en la familia a lo largo de los meses y alcanzan precios más altos que el de garantía en la venta directa en las comunidades. Pero los campesinos que no venden su producción no reciben el subsidio. No es factible sostener, como lo hace el secretario Víctor Villalobos, que el aumento de la cosecha de maíz en 2020, esté impulsada por el precio de garantía.
Durante 2019 no existió otro apoyo a la comercialización de maíz, sino que fue hasta 2020 cuando se estableció un programa para los agricultores comerciales, llamado también precio de garantía, pero que es en realidad un precio objetivo para el ciclo otoño-invierno 2019-2020 de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, y aún no se conocen sus resultados. Los productores medios y grandes de maíz del ciclo primavera-verano, hasta ahora no cuentan con ningún apoyo.
En el frijol los precios de garantía únicamente apoyaron a 4.3 por ciento de los agricultores, pero lograron una compra de 17 por ciento de la cosecha de este segmento. La ASF observa que estas toneladas acopiadas no se destinaron al programa de abasto de Diconsa, sino que se vendieron a empresas privadas, principalmente a Campo Frío y La Merced.
Para el arroz y el trigo se trata también de precios objetivo. No hay límite en cuanto al tamaño de la parcela, sino que únicamente tiene un tope el volumen que puede entregar cada agricultor a la bodega o molino: 120 toneladas para el arroz y 100 toneladas para el trigo. Está destinado a productores medios y comerciales. El campesino recibirá un subsidio de parte del gobierno por la diferencia entre el precio pagado por los industriales y el definido por el gobierno.
En el arroz el precio de garantía se otorgó a 11 por ciento de los productores, quienes entregaron 22 por ciento de la cosecha. Y para el trigo se apoyó a 36 por ciento de los agricultores, quienes entregaron un millón de toneladas que corresponde a 78 por ciento de la cosecha.
El mejor desempeño del arroz y el trigo se debe a la menor restricción de tamaño de productor y límite de toneladas y a que la logística de comercialización la organizan los bodegueros y molinos. Aunque no rebasen el límite de volumen se muestra una concentración en pocos agricultores.
El Centro de Estudios para el Desarro-llo Rural Sustentable y la Soberanía Ali-mentaria calculó en 2018 que los precios de garantía apoyarían 1.25 millones de toneladas de productos básicos, y que el maíz aportaría un millón de ellas. Los viejos programas de subsidios a la comercialización apoyaban 19 millones de toneladas, pero se destinaban principalmente a agricultores comerciales.
Durante el primer año de la actual administración (2019) se apoyaron mucho menos toneladas de productos básicos, pero al igual que en los periodos anteriores, los subsidios se orientaron a los productores comerciales.
* Directora del Ceccam
