Tres ambientalistas del estado de México están en riesgo de ser detenidos y encarcelados, luego de que una empresa hotelera los acusara indebidamente de extorsión y despojo, con el propósito de intimidar a quienes se opongan a su proyecto de construir un motel a las orillas de un área natural protegida que forma parte del santuario de las Lagunas de Zumpango, indicó el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Antonio Lara, director del mencionado colectivo, explicó en entrevista con La Jornada que los representantes de la compañía hotelera Ex S.A. de C.V. afirman que en septiembre de 2016 los opositores a la construcción del inmueble les quitaron sus terrenos, cuando en realidad la zona en la que buscan concretar su proyecto no puede ser propiedad de particulares.

Lo que pretenden es confundir al asegurar que su propiedad está fuera del área natural protegida, cuando realmente buscan construir a un costado del cuerpo de agua. La empresa busca tener una posición inmejorable en términos de atracción turística, pero poniendo en riesgo la propia viabilidad del entorno, señaló.

Dicha laguna, además, es el destino de miles de pelícanos que en temporada invernal migran hacia esta zona, procedentes de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, lo cual atrae turistas y genera actividades económicas relacionadas.

En su ánimo de perjudicar la libertad de los defensores ambientales, la empresa hotelera está dispuesta a inventar los hechos que les atribuyen para criminalizarlos y encarcelarlos. Está latente la posibilidad de que sean apresados Humberto Rosas Guadarrama, José Luis Fuentes Luna e Ivette Araceli Saavedra Iturbe, quienes además son personas de la tercera edad.

De acuerdo con los opositores a la construcción del motel, dicho proyecto afectaría el ámbito natural de las aves migratorias, pero también el espacio de amortiguación entre la laguna y las casas ya construidas en los alrededores, de tal forma que el agua podría desbordarse y afectar las viviendas.

Ya promovimos un juicio de amparo indirecto para garantizar la libertad de los ambientalistas, pero aquí lo más delicado es que el uso indebido del sistema de justicia penal sigue funcionando para menoscabar la labor de los defensores. Si la empresa y las autoridades del estado de México respaldan este acto ilegal, van a desatar un conflicto en esta región, alertó el abogado.