a aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021, por 6.29 billones de pesos, el pasado viernes, ha generado distintas reacciones, algunas adversas de sectores sociales e instituciones estatales de gobierno por importantes fondos suprimidos o necesidades no contempladas, en un esquema de austeridad que debiera ser transitorio.

El problema de fondo es que ningún presupuesto es suficiente para el tamaño de los pasivos acumulados y los desafíos de un México que exige más desarrollo y justicia, con una población en ascenso y cada vez más demandante, así como retos acrecentados por una pandemia sanitaria que no cesa sino, al contrario, se reactiva en amplias franjas del mundo, con su inevitable impacto en la economía.

Sin embargo, hay necesidades sociales ineludibles e impostergables, como la compra de vacunas contra el Covid-19 suficientes para los 130 millones de mexicanos, y que no está contemplada en ninguna partida especial del presupuesto contra lo que todos esperaban, cuya omisión nadie puede explicar. Muy grave, más allá de cualquier sesgo ideológico.

Nada hay más importante en este momento que garantizar el suministro de vacunas para todos los mexicanos contra una pandemia que tiene amenazada la salud pública y frenada la economía nacional, y no están resguardados los 35 mil o 40 mil millones de pesos que se requieren para que la inmunidad no sea un privilegio de quien pueda comprar la vacuna. Como tampoco caben las disputas intestinas sobre qué laboratorios y de qué nacionalidades priorizar.

La salud de los mexicanos está más allá de créditos personales y fobias burocráticas. No puede excluirse a ningún laboratorio, chino, ruso, de algún país europeo o de cualquier nacionalidad, siempre que cumpla con todos los requerimientos de seguridad que marcan los protocolos y estándares científicos internacionales.

Las limitaciones u omisiones del presupuesto, por otra parte, han reavivado el debate sobre una revisión al sistema de coordinación fiscal que rige la recaudación y sobre todo la distribución del presupuesto público entre los distintos órdenes de gobierno y al interior de ellos mismos.

No extraña. El federalismo en general y el fiscal en particular, ha sido fuente añeja de debate y controversia en México. Sin embargo, el momento no parece ser el más propicio: en medio de la peor crisis sanitaria mundial en un siglo, el país en desaceleración económica por el mismo flagelo, y ya desde septiembre pasado en los tiempos legales del proceso electoral federal, y de procesos estatales concurrentes en la mayoría de las entidades federativas.

Es una atmósfera propicia no para la concordia y la articulación de acuerdos de beneficio colectivo, sino un ambien-te de polarización y riesgo de quebranto, así fuera un debate de buena fe, animado con los más nobles propósitos, que no ponemos en duda. Más que apuntar hacia un perfeccionamiento del pacto fiscal, se estaría abonando a la balcanización del país en un momento en que la unidad nacional es más necesaria que nunca, ante el tamaño de los desafíos, insisto, de dimensión mundial, no nacional.

En latu sensu, la balcanización es un término geopolítico que se usa en el mundo, a partir de la experiencia de una Yugoslavia fragmentada en seis unidades políticas después del fallecimiento del mariscal Tito, en casos de consumación o riesgo de fractura de un país, de fragmentación y confrontación de las partes, cuando los enconos y los intereses grupales o incluso personales de los liderazgos en pugna prevalecen sobre la armonía, la civilidad y los intereses generales.

No estoy hablando de ese escenario extremo en México, dada la recia tradición cultural y la probada unidad política de los mexicanos, pero es un riesgo innecesario de confrontación y discordia, en un momento en que se requiere de toda la fuerza del Estado nacional, y de toda la energía de nuestra diversidad política y geográfica.

Por supuesto que hay asimetrías y desequilibrios en la distribución de los ingresos, no de ahora sino de décadas, y no sólo los recursos transferidos a las entidades federativas con apego a los criterios de coordinación fiscal, sino los aplicados en forma directa por la Federación con acento en unas regiones y con menor énfasis en otras. Esa distribución desigual es lo que explica, justamente, los distintos ritmos de desarrollo entre los extremos norte-centro y sur-sureste.

Ahora que se observa una atención equilibrada a las entidades del sur-sureste, con obras postergadas ancestralmente, es cuando se registran reclamos de revisión de un modelo fiscal, en sus términos actuales, diseñado en 2007.

Los estados que hoy contribuyen más al fondo global recaudatorio son aquellos que en el pasado recibieron más apoyo de la Federación en grandes obras de infraestructura, que incentivaron la propia inversión privada y detonaron su despegue económico; sostener ahora el criterio de que deberían recibir mayor participación las entidades que más contribuyen sólo profundizaría los desequilibrios regionales y las desigualdades sociales.

Son tiempos de cultivar la unidad nacional y de fortalecer el pacto federal, respetando todos los puntos de vista, no abonar a la balcanización en ninguna de sus expresiones.

*Presidente de la Fundación Colosio