Las disposiciones fiscales que comenzaron a aplicarse después de 2014 a los recolectores de plástico, chatarra, vidrio y otros materiales afecta la economía de quienes se dedican a esa actividad, pero también al fisco, pues en el proceso existen prácticas ilegales como la compra de facturas, de acuerdo con quejas presentadas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Documentos consultados por La Jornada señalan que recolectores de diversos municipios del país acudieron a la dependencia en octubre del año pasado para pedir la investigación del problema.

Los afectados señalan que su labor tiene la finalidad de regresar a la industria los materiales para que sean reutilizados y así manufacturar nuevos productos, como botellas de plástico PET y varillas, entre otros.

Sin embargo, la complicación para los recolectores, que no son grandes negocios y cuya mayoría no está inscrito en el registro federal de contribuyentes, inicia cuando los intermediarios compran la chatarra y otros materiales, pues éstos exigen comprobantes digitales por Internet.

Además, los intermediarios retienen 5 por ciento del impuesto sobre la renta (ISR) y 16 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA), situación que resulta costosa para ellos, pues los ingresos que obtienen son pocos. Esto ocasiona que decaiga el negocio y nos está sacando del mercado, dicen los afectados en las 26 quejas consultadas.

Mis compañeros recolectores se han visto afectados y en algunos casos ha aumentado el comercio informal de la chatarra y compra de facturas, agrega uno de los afectados.

Datos de la industria del hierro y el acero señalan que el precio de la tonelada de chatarra oscila en promedio entre 6 mil 200 y 6 mil 300 pesos, aunque se paga menos al proveedor pequeño.

Los intermediarios medianos y pequeños compran material revuelto y sucio sin factura en 5 mil 500 pesos por tonelada, mientras la diferencia con uno grande puede ser hasta de 300 pesos más.

Hasta antes de 2014 existía la autofacturación, proceso que evitaba la problemática actual, en la que han surgido prácticas ilegales como las factureras, las cuales defraudan al fisco.

Los recolectores somos un sector vulnerable, no obtenemos grandes ganancias de la venta de chatarra como para que nos pidan tantos requisitos, señala una de las declaraciones de los afectados.

Las disposiciones fiscales para quienes se dedican a esa actividad provoca que migren hacia la informalidad, por lo que acudieron ante la Prodecon para solicitar un criterio que establezca facilidades.

El sector de reciclaje en México genera anualmente 108 mil millones de pesos.