omo fruto de un arduo trabajo de equilibrios políticos, el gobierno español logró ayer que el Congreso de los Diputados aprobara por mayoría absoluta una nueva ley de educación que incluye, entre otros pequeños avances respecto a la anterior, la eliminación de la centralidad del español en la enseñanza –lengua vehicular– en las comunidades autónomas, asunto de particular interés en Cataluña y el País Vasco; la prohibición de la segregación por sexo en los colegios; la progresiva asimilación de alumnos con capacidades diferentes en los centros de enseñanza regulares, con propósitos de inclusión y socialización; que no se incorpore la asignatura de religión en los promedios de calificaciones, y la prohibición de que establecimientos educativos privados sean erigidos en terrenos de propiedad pública.

La legislación referida, que contó con el respaldo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y grupos minoritarios, debe pasar ahora al Senado. Sin embargo, desde la discusión en el Congreso de los Diputados enfrentó una virulenta resistencia de las derechas representadas por el Partido Popular y Ciudadanos, así como de la ultraderecha franquista de Vox, formaciones que anunciaron desde ya su intención de impugnar la norma ante el Tribunal Constitucional y de revertirla en cuanto recuperen el control del gobierno. Fuera de la sede legislativa, miles de personas salieron a las calles de diversas ciudades españolas –con las excepciones de las vascas y de las catalanas– para expresar su rechazo a la nueva ley educativa.

El episodio ilustra las enormes dificultades que afronta la nación ibérica para actualizar su legislación y amoldarla a las realidades contemporáneas, de acuerdo con principios de inclusión, pluralidad y respeto a la diversidad. A casi medio siglo de la muerte de Francisco Franco, las lógicas reaccionarias de la dictadura permanecen enraizadas en vastos sectores de la sociedad; el sentido del lema España una, grande, libre, de la tiranía fascista, sigue impidiendo el avance de soluciones de convivencia entre los regionalismos y el centralismo españolista, y la moral pacata y reaccionaria del clero católico dispone aún de formidables defensores en el ámbito político. Las dos Españas, como se conoce a la fractura ideológica y política que alimentó la guerra civil en la cuarta década del siglo pasado, es una realidad en 2020.

Se configura así la paradoja de un Estado inserto en la modernidad de la Unión Europea que al tiempo permanece anclado en una transición que en muchos sentidos no ha sido tal: a los flagrantes anacronismos institucionales que sustentan la figura de la monarquía y de una jefatura de Estado hereditaria e inimputable –lo que es aberrante para los criterios democráticos– se añaden leyes que impiden el reconocimiento del derecho de las naciones a su propio idioma como herramienta educativa, perpetúan la segregación por sexo en algunos planteles educativos y niegan a los alumnos de capacidades diferentes la plena inclusión social. Cabe esperar que las realidades del mundo contemporáneo induzcan una rápida evolución de esa España profunda y reaccionaria antes de que ésta lleve al país a una involución de consecuencias necesariamente trágicas y funestas.