En México hay cerca de 26 millones de mujeres sin ingreso propio, lo que contribuye a la vulnerabilidad de violencia en su contra, señaló María Ayala, responsable de investigación y datos de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, quien indicó que sólo cuatro de cada 10 féminas tienen acceso al mercado de trabajo en el país. La alarmante situación del género femenino en el mercado laboral, víctimas de la violencia que caracteriza esta época, se ha agravado con la presencia de la pandemia.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, presentó por videoconferencia un reporte especial, en el cual indicó que sólo 6 por ciento de las que trabajan ganan más de 12 mil pesos mensuales, mientras que siete de cada 10 no pueden comprar lo básico con el ingreso producto de su trabajo. Los estados donde hay más mujeres sin ingreso laboral suficiente para mantener a una familia son Chiapas, Puebla, Guerrero, Morelos y Oaxaca.

Pero no sólo eso, casi 17 millones de mujeres no pueden trabajar por asumir un rol de género impuesto histórica y socialmente. Se trata, en su mayoría, de menores de 45 años que han cursado al menos la secundaria o la educación media superior.

Las entidades con menor participación laboral de mujeres son Chiapas, Veracruz, Zacatecas, Tabasco y Querétaro.

El informe muestra que la asignación social del cuidado del hogar y la familia ha condenado a la mujer a ser dependiente por no tener ingresos y quedarse en el hogar a ejecutar tareas domésticas, cuidar niños, enfermos, personas con discapacidad o adultos mayores, labores que no son remuneradas ni socialmente reconocidas.

Propone modelo de igualdad

Además de la exclusión del mercado laboral, detalla, las mujeres que sí logran emplearse, en su mayoría lo hacen en condiciones de precariedad; con bajos salarios, sin seguridad social ni contrato estable, en horarios rígidos, y sin defensa ni representación sindical.

Frente a la pobreza propone un modelo de igualdad sustantiva que posibilite nuevas relaciones sociales, económicas y políticas, y que contribuya a una economía incluyente, con menor pobreza y desigualdad, partiendo desde el mundo del trabajo. La propuesta incluye el diseño de un sistema nacional de cuidados que propicie que las mujeres ejerzan sus derechos, dispongan de su tiempo y avancen al logro de conseguir su autonomía económica.