agistrados del Tribunal Electoral del estado de Hidalgo revocaron la constancia de mayoría del candidato del Partido Encuentro Social (PES) Daniel Andrade Zurutuza, en el municipio Huejutla. El tribunal decidió anular la elección y ordenó la reposición del proceso para alcalde. Los ministros concluyeron que se violó el principio de separación de Iglesia-Estado. Validaron pruebas suficientes para demostrar que en su campaña fueron citados pasajes bíblicos durante los actos del aspirante del PES, además se encontraron pruebas fotográficas y videos, donde se demuestra que el candidato contó con propaganda electoral cerca de recintos religiosos. Se violó el artículo 130 de la Constitución federal.

No es la primera vez que los tribunales anulan elecciones por el uso de símbolos religiosos durante las campañas electorales. De memoria recuerdo el caso de Tepotzotlán, estado de México, en 2003. La sala superior sancionó con la nulidad de la elección municipal porque la propaganda del candidato incluía símbolos religiosos, además de que el candidato presumía haber construido una iglesia cuando fue presidente municipal. Por los mismos motivos en ese año se anuló la elección de un diputado federal en Zamora, Michoacán. En 2009, en Parras de la Fuente, Coahuila, se anuló la elección porque el candidato abanderó un mitin y un desfile con la imagen de San Judas Tadeo, vestido de verde y blanco, como los militantes del Verde Ecologista. En Chiautla, estado de México, se anuló otra elección en 2015 porque la campaña electoral se inició con ceremonia religiosa en una iglesia. Además, el candidato priísta ejecuta una homilía política en el atrio. Hay muchísimos más casos en la historia reciente de los procesos electorales del país.

La crisis de los partidos políticos, los constantes escándalos de corrupción y luchas intestinas han favorecido el dramático distanciamiento de la ciudadanía. Hay hartazgo y desprecio de los ciudadanos. Por ello desde hace más de 10 años he sostenido que el pragmatismo de la clase política mexicana es un factor de riesgo real para la consolidación no sólo de la laicidad del Estado, sino de la democracia en el país. La principal amenaza para el Estado laico hoy no es sólo de ciertas dirigencias de iglesias, sino de la clase política. Más que procurar la representación e intereses ciudadanos, los partidos han desarrollado una incontinencia patológica por el poder. Ganar la elección a costa de todo y no importa cómo. Recurren a Dios como una estratagema para ganar adeptos y legitimidad en un mercado de votantes mayormente religioso. El andamiaje normativo es categórico: está prohibida la propaganda religiosa con fines electorales. Los legisladores la desprenden de los artículos 6, 24, 41, párrafo segundo, base II, y 130, de la Constitución. De la Ley general de instituciones y procedimientos electorales, que en el artículo 25, inciso P, dice: Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. Por tanto, considerando la influencia que tienen los símbolos religiosos en la sociedad, los actores involucrados en los procesos electorales se deben de abstener de utilizarlos, para que los ciudadanos participen de manera racional y libre en las elecciones.

Pero hay que ir más lejos. El principio histórico de separación Iglesia-Estado está relacionado con el principio de la laicidad, pero no deben confundirse. La histórica separación Iglesia-Estado es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y de las iglesias se sustentan separadas. Dicho principio fue promulgado por Juárez y establece que las iglesias no intervienen en los asuntos públicos. Las instancias son autónomas en sus áreas de competencia y garantizan la libertad religiosa de los ciudadanos. El principio de la laicidad es ante todo la concepción legal de un régimen social de convivencia; su punto de partida son las instituciones políticas que están legitimadas principalmente por la soberanía popular. Es el pueblo que a través del voto legitima a las autoridades democráticamente elegidas. En la antigüedad, era Dios quien legitimaba a los soberanos. Por tanto, la laicidad emerge como el paso de una legitimidad basada en lo sagrado hacia una legitimidad que se sustenta en la soberanía del pueblo, en la legitimidad democrática.

Roberto Blancarte en su texto La laicidad en México sostiene que muchos políticos apelan los símbolos religiosos para legitimar sus acciones políticas. Dichas iniciativas debilitan las bases de su propia autoridad política. El recurso de invocar la sacralidad para fortalecer su propuesta política favorece y propicia la intervención de las iglesias en la agenda pública. La sana distancia que se ha procurado en 150 años de nuestra historia queda expuesta al recurrir a fuentes de legitimidad sagradas, en lugar de fundamentar sus acciones en la voluntad popular. Los políticos renuncian de hecho a la fuente esencial de su autoridad, que es el pueblo, y los dirigentes religiosos se asumen equivocada o intencionalmente como representantes políticos de sus feligreses. Ello termina por abrir paso a la influencia de dirigencias religiosas en la elaboración de políticas públicas y legislaciones, tanto locales como federales.

El resultado puede llegar al extremo de una confesionalización de la vida pública y la disminución de las libertades ciudadanas. ¿Estamos ante la reconfecionalización de una clase política desacreditada que busca, como en la Edad Media, encontrar legitimidad en Dios?

Huejutla no es un accidente. Por ello, me resulta incomprensible, que tanto el INE como del TEPJF hayan dado recientemente el registro a la nueva versión del PES, partido abiertamente confesional. ¿Hubo consiga o presiones? O peor: hay ausencia de una visión de Estado en buena parte de los integrantes tanto del INE como del tribunal.