a Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentó los resultados de un nuevo estudio que confirma la presencia de metales pesados en pozos y tomas de domicilios particulares de los siete municipios rurales atravesados por el río Sonora, donde el 6 de agosto de 2014 la mina Buenavista del Cobre, del consorcio Grupo México, vertió 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado. De acuerdo con la Cofepris, la contaminación del agua no sólo no se ha atenuado, sino que muestra un alarmante repunte: mientras en marzo 35 por ciento de las tomas estudiadas rebasaba los límites permitidos de plomo, para julio 57 por ciento ya excedían el volumen considerado seguro por la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
El derrame provocado hace más de seis años por el grupo propiedad del segundo hombre más rico de México, Germán Larrea Mota Velasco, mantiene hasta la fecha el infame título de ser el mayor desastre ambiental generado por la minería en toda la historia del país. En el tiempo transcurrido desde entonces, el manejo de la catástrofe ecológica ha sido un compendio de simulaciones, incumplimiento, impunidad y abandono de los más de 25 mil habitantes de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe, Aconchi, Baviácora y Ures.
Como han señalado de manera reiterada los pobladores de la cuenca del río Sonora, loscompromisos de saneamiento ambiental y atención médica emitidos por Grupo México no fueron más que una operación de relaciones públicas sin mayor beneficio para los afectados. Además de la persistencia de sustancias peligrosas a más de 74 meses del vertido tóxico, uno de los elementos más notorios de la negativa de la trasnacional a responsabilizarse por las consecuencias de su actividad se encuentra en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas), clínica que supuestamente brindaría atención médica a los damnificados, pero quedó en obra negra hace un año. Debido a esta negligencia criminal, las 381 personas con problemas de salud causados por el derrame –así como las más de mil que se sospecha los padecen, pero cuyos expedientes no han sido analizados por las autoridades– han debido afrontar los altos costos de la atención sanitaria que requieren en algunos casos, incluso desplazándose fuera del país.
Como denunció en diciembre pasado el entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur, mientras los habitantes de la región sufren las secuelas físicas y la destrucción de sus actividades económicas, Grupo México obtiene ingresos anuales de 100 mil millones de pesos por la extracción de cobre del territorio sonorense. Para colmo, la impunidad con que se ha saldado hasta hoy el desastre de 2014, es visto por la compañía como una licencia para persistir en su conducta indolente hacia el entorno y las regulaciones ambientales, como lo muestra el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés el 9 de julio del año pasado.
En suma, emplazar a Grupo México a cumplir sus compromisos y obligaciones de remediación ambiental, indemnización de los afectados y otorgamiento de los servicios médicos adecuados, es un deber de justicia hacia los habitantes de la cuenca del río Sonora, pero también un paso ineludible para prevenir futuras catástrofes como resultado de la operación de éste u otros consorcios, y en particular de aquellos cuya actividad requiere el empleo de sustancias tóxicas y potencialmente letales.
