La aprobación en comisiones del Senado de una propuesta de reforma para que el Banco de México (BdeM) incorpore a la reserva internacional de divisas parte de los dólares que ingresan al país en efectivo implica el riesgo de trasladar al banco central dinero de procedencia ilícita, expuso este viernes el propio instituto emisor.

La iniciativa, presentada por el senador Ricardo Monreal, plantea que los dólares captados por las instituciones financieras y que no puedan ser repatriados a Estados Unidos, sean incorporados a la reserva internacional de divisas del banco central.

El BdeM coincide con la conveniencia de que el efectivo en moneda extranjera que ingresa al país por actividades legítimas, principalmente el que traen algunos migrantes mexicanos, así como turistas extranjeros, fluya de manera sencilla, segura y económica en apoyo de quienes reciben dichos recursos y de sus familias, y del fortalecimiento de la economía de sus poblaciones, expuso el banco central en un comunicado emitido posteriormente a la aprobación de la reforma en comisiones del Senado.

Sin embargo, así como llegan divisas por remesas o turismo, también es posible que ingresen recursos procedentes de actividades ilícitas, apuntó. Ello, cuando ocurre, representa un riesgo para el sistema financiero mexicano en su interacción con el internacional, que ahora es mitigado por esas instituciones a partir de reglas que cumplen estándares internacionales, dijo.

Además, las firmas financieras que captan divisas tienen convenios para regresar el excedente de efectivo en moneda extranjera al país de origen, añadió el banco central.

A pesar de los procesos antes descritos, persiste la posibilidad de que recursos de procedencia ilícita se incorporen en el circuito de efectivo en moneda extranjera que administra el sistema financiero. La iniciativa implica que los riesgos antes descritos se transfieran al BdeM al imponerle la obligación de recibir dichos recursos en efectivo. Lo anterior podría dar como resultado acciones cautelares y sanciones por parte de autoridades del exterior que incluyen, entre otras, la imposibilidad de llevar a cabo transacciones en moneda extranjera en sus jurisdicciones, y el congelamiento de cuentas y recursos, e incluso la confiscación de los mismos.