La pandemia de Covid-19 trajo consigo en el año que está por concluir diversas afectaciones para los colectivos de la sociedad civil: algunos tuvieron que reducir drásticamente su ritmo laboral –para evitar contagios o por el cierre de diversas instituciones de gobierno–, al mismo tiempo que otros padecieron una gran sobrecarga de trabajo.

En el caso de los grupos de familiares de personas desaparecidas, la emergencia sanitaria provocó una pausa obligada de varias semanas, pero ante la urgencia de seguir con sus diligencias de búsqueda, muchos de ellos terminaron volviendo al campo aun a costa de su propia salud, contó Margarita López, integrante del colectivo Buscando cuerpos en el país.

Paramos en marzo las búsquedas, pero a partir de junio reiniciamos y rotamos a la gente para que un día fuera un grupo de cinco familiares y, al otro día, otros cinco diferentes. Ninguna autoridad nos mandó tapabocas, guantes ni trajes especiales y la gente estuvo enfermándose mucho al explorar fosas, narró la activista.

En el caso de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, la pandemia no sólo no detuvo sus actividades, sino que las intensificó, debido al alza en los índices de violencia de género, señaló por su parte Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).

Por lo que se refiere a los colectivos de apoyo a los migrantes, la emergencia sanitaria sí obligó a la reducción de actividades, en gran medida porque diversas instituciones gubernamentales con las que estos grupos trabajan cerraron sus puertas o redujeron sus horarios, de acuerdo con Guillermo Naranjo, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.