Alrededor de 500 habitantes de las comunidades Loma Santa Cruz y San Antonio de Valle, municipio de San Juan Mazatlán, en la zona mixe de Oaxaca, se desplazaron de manera forzosa de sus territorios debido a que pobladores armados de una comunidad aledaña, en coordinación con grupos delincuenciales, han perpetrado en la zona actos de violencia desde noviembre pasado.

En una comunicación enviada a las autoridades locales, exigieron al gobierno estatal resolver estos conflictos para que puedan retornar de manera segura a sus comunidades.

Denunciaron que los pobladores fueron víctimas de secuestros, robo, daño en propiedad privada, entre otros, y señalaron a varios presuntos responsables.

El documento lo firman Maximino Quirino, agente municipal de Loma de Santa Cruz, y Federico Ignacio Martínez, representante del núcleo rural de San Antonio del Valle. Detallaron que el 9 y el 10 de noviembre pobladores de la cabecera de Mazatlán, junto con un grupo delincuencial, irrumpieron con armas de fuego y machetes en las dos comunidades, donde causaron destrozos, agresiones, robos y el secuestro de al menos nueve personas, por lo que los habitantes agredidos tuvieron que refugiarse en ríos, montañas y en zonas del municipio Santo Domingo Petapa.

Ante estos hechos, se levantó una denuncia ante la fiscalía local y ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y se informó a la Secretaría de Gobierno del estado, sin que a la fecha hayan dado respuesta para solucionar el conflicto.

Los representantes de las comunidades agregaron que el 8 de diciembre pobladores de sus regiones fueron emboscados por gente de San Juan Mazatlán, junto con un grupo de sicarios que cargaban armas de alto calibre y privaron de la libertad a algunos de sus compañeros, con la finalidad de apropiarse de las tierras de Loma Santa Cruz.

Ante los riesgos para la vida e integridad de los pobladores de Loma Santa Cruz y San Antonio de Valle, los delegados exigieron a las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública del estado, a la fiscalía local y a la DDHPO investigar los hechos, dictar medidas de protección para las personas agredidas y desplazadas, y retomar las mesas de trabajo para dar una solución al conflicto.