La emergencia sanitaria ha ocasionado que inquilinos, en particular jóvenes que perdieron su empleo o sufrieron la disminución de sus ingresos, desocuparan viviendas que rentaban para volver a residir con su familia o se desplazaran a la periferia, donde el costo de la renta es más barata, mientras en el Congreso capitalino la oposición obstaculizó iniciativas para generar mejores condiciones de protección inquilinaria por la pandemia, afirmó el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, de Morena.

Al participar en la mesa de trabajo Políticas públicas para la vivienda digna ante el Covid-19: CDMX-NYC”, sostuvo que la ciudad venía de otra emergencia ocasionada por el sismo de 2017, que afectó más de 26 mil inmuebles, y la reconstrucción a la que se han destinado más de 6 mil millones de pesos, y que no ha concluido, tuvo un impacto en la producción de más departamentos asequibles.

Señaló que la próxima Legislatura, que se instalará en septiembre, tendrá que retomar la discusión para reformar el Código Civil, planteada por Morena a petición de organizaciones civiles, que tenía como fin evitar desalojos de inquilinos con problemas para pagar el alquiler durante la pandemia, en la que tendrán que participar los poderes Judicial y Ejecutivo de la ciudad.

Recordó la diferencia de ciudades como Nueva York –tal cual expuso en la mesa el director de la oficina de la alcaldía para la protección de los inquilinos, Ricardo Martínez Campos– donde se declaró una moratoria en el pago del alquiler, pero aquí no fue posible legislar para dotar de esas facultades al Ejecutivo.

En la mesa, moderada por Jorge Islas López, cónsul general de México en Nueva York, Martínez Campos refirió que además, la alcaldía de esa ciudad promovió, con organizaciones civiles, una legislación que tipificó derechos para los inquilinos a nivel estatal y se hizo universal un programa piloto para apoyar con el servicio gratuito de un abogado a personas amenazadas con ser desalojadas, lo que ha permitido reducir en 85 por ciento las salidas, aunado a que la ley impide que el costo de la renta se incremente más allá de un determinado porcentaje en una urbe en la que 65 por ciento de la población habita viviendas rentadas.