iles de profesores michoacanos realizan, desde el viernes pasado, actos de protesta en las 22 regiones sindicales de la entidad para exigir que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo les pague salarios y prestaciones rezagadas que suman un adeudo de 3 mil 500 millones de pesos.

Según la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la administración perredista apenas les ofreció pagar la segunda quincena de julio el próximo 12 de agosto, por lo que ayer continuaron con los actos de protesta, como la toma de oficinas municipales y el bloqueo de accesos carreteros a la capital del estado y al aeropuerto internacional Francisco J. Múgica.

El conflicto no afecta únicamente a los docentes, pues desde principios del mes pasado se han atrasado las quincenas en el sector salud, a los trabajadores del Poder Ejecutivo local e incluso a la policía. Tampoco es un hecho inédito: a partir de enero de 2019 se han registrado oleadas de inconformidad del magisterio michoacano debido a la retención de pagos de bonos y primas vacacionales, en el transcurso de las cuales se han bloqueado vías de comunicación e incluso tramos ferroviarios, con lo que se puso en jaque el transporte de mercancías en esa zona del país.

Estos episodios, que se repitieron a inicios y a finales de 2020, sólo pudieron destrabarse gracias a la intervención del gobierno federal que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, entabló un diálogo con los maestros y logró que fueran satisfechas sus demandas.

Al persistir en esta manera de actuar –retener los pagos al sector educativo y dejar que sean las autoridades federales las que resuelvan un tema de competencia estatal– el gobernador Aureoles parece haber renunciado, incluso a aparentar que cumple con sus obligaciones; mientras Michoacán se encuentra paralizado, él realiza una gira proselitista por Estados Unidos.

Como ha señalado el líder de la CNTE en la entidad, todo indica que el último mandatario del PRD busca heredar a su sucesor los adeudos y el malestar social producido por éstos.

Además de exhibir la superlativa irresponsabilidad de Aureoles como gobernante, el desarrollo de los acontecimientos obliga a preguntarse por el destino del dinero que la Federación le ha entregado puntualmente para el ejercicio de sus funciones.

A la vista del boquete en las finanzas michoacanas –que sólo en educación básica, según cifras oficiales, alcanza los 6 mil millones de pesos–, resulta claro que el conflicto en curso significa no sólo una injusticia laboral inaceptable y una razón objetiva para el de-sasosiego social y político, sino también un posible manejo delictivo del presupuesto.

Resulta paradójico que el político perredista, empeñado desde hace meses en acusar al gobierno federal y a sus opositores locales de estar coludidos con la delincuencia, dé a los ciudadanos todos los motivos para pensar que está perpetrando una defraudación masiva con el erario.

Lo cierto es que no tiene ningún pretexto para retener pagos a los trabajadores del sector público, por lo que es inevitable sospechar la comisión de prácticas corruptas, la intención de boicotear a la administración que lo sucederá en menos de dos meses o una combinación de ambas.