uego del intercambio de duros señalamientos que ha habido en estos días entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya Cortés, toca a la Fiscalía General de la República, es decir, a Alejandro Gertz Manero, como titular de ese órgano autónomo, fijar con precisión los términos y alcances de las acusaciones de corrupción contra el citado Anaya.

Por lo pronto, y a pesar de que se ha declarado en fuga, el político forjado en Querétaro ha generado una atención mediática que en buena parte es derivada de la que le ha sido prodigada en la mañanera, y una recolocación en el escenario político, apoyado incluso por algunos personajes de la derecha que antes le señalaban también de corrupto, pero ahora cierran filas con él.

El papel y la responsabilidad de Gertz Manero en este episodio son centrales y trascendentes. Ayer, la fiscalía hizo circular una síntesis de las acusaciones contra Anaya que éste refutó burlonamente. Si el titular de la FGR no tiene adecuadamente sustentadas las acusaciones y ahora o más adelante se caen, se estará asestando un golpe político muy fuerte a la llamada Cuarta Transformación, que podría ser aprovechado esencialmente por el propio Anaya, por otro personaje o en general por la corriente opositora al obradorismo.

No ha ofrecido hasta ahora Gertz Manero resultados que se acompasen con las exigencias sociales, y del propio Palacio Nacional, de que haya castigo real y ejemplar a la corrupción en cargos de gobierno. Ha mantenido un paso de tortuga, salvo en los casos que son de su interés personal. Al expediente de Emilio Lozoya, relacionado con Pemex, Odebrecht y otros temas candentes, se le dan largas y más largas, mientras el personaje en mención disfruta de ostentoso buen trato institucional y mientras otros presuntos implicados, como Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Felipe Calderón continúan intocados.

Un delicado conflicto familiar ha arrojado algo de luz sobre la organización secreta de ultraderecha llamada El Yunque, en específico respecto al fallecido Carlos Abascal Carranza, quien fue secretario del Trabajo y de Gobernación en el gabinete de Vicente Fox Quesada y a quien desde 2009 se busca llevar a los altares de la Iglesia católica, mediante un proceso de canonización.

Daniela Marlene Pérez Torres, ahora ex esposa de Rodrigo Abascal Olascoaga, ha acusado a éste, notario público 183 e hijo del citado Carlos Abascal Carranza, de violencia familiar (golpes hasta dejarla tirada) y de una reiterada conducta lesiva para ella y sus cuatro hijos menores de edad. Ayer estaba emplazada judicialmente para desalojar la casa que habitan y aceptar que Abascal Olascoaga asuma una forma de custodia de los hijos.

En un escrito, señala haber presenciado como “desde dentro de esta hermética familia usan el nombre de Dios y el poder del dinero para comprar favores, corromper autoridades, encadenar las almas de sus hijos y esclavizar a sus mujeres. Todo, detrás de la máscara de la ‘auténtica cristiandad’ (...) Todo lo bueno que ellos hacen público, siempre esconde una doble y oscura intención”.

En concreto, Pérez Torres menciona al juez 13 de lo familiar, Eduardo Vélez Arteaga, y al juez interino décimo tercero, José Antonio Méndez Pliego, como responsables de la violación de sus derechos. En especial apunta al juez Méndez Pliego quien, sin fundamento legal alguno, y siendo el gestor del agresor, Rodrigo Abascal Olascoaga, se presta para violar todo derecho, despojar a una mujer ama de casa de su hogar y dejar a sus cuatro menores hijos en manos de su violentador. No hay lógica ni fundamento legal alguno que justifique esta situación. Esto sólo sucede gracias al influyentismo, la corrupción y la mano oscura de El Yunque que mueve todo por debajo del agua, haciendo parecer que son los más buenos, cuando son el mismísimo demonio (entrevista en video: https://bit.ly/3jeK4K2). ¡Hasta mañana!

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