l sábado pasado la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que su país no ha recibido ni una sola dosis de vacunas anti-Covid por parte del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax, por sus siglas en inglés) a pesar de que desde el segundo semestre de este año pagó ya 120 millones de dólares.

Ayer, el presidente Nicolás Maduro dijo que se espera la llegada a Caracas de las primeras remesas del mecanismo internacional referido, así como de un envío del biológico ruso Sputnik V que permitirá aplicar segundas dosis a personas que ya recibieron la primera desde hace más de 90 días.

Es sabido que Gamaleya, fabricante de la Sputnik V, y otros fabricantes de vacunas contra el Covid-19, han enfrentado problemas técnicos para entregar a tiempo los pedidos de diversos países –entre ellos, México–, pero es significativo que a pesar de ello no ha habido escasez de vacunas en Estados Unidos, Europa, Israel y otras naciones ricas; en cambio, muchos países de América Latina, África y Asia sufren exasperantes retrasos en la llegada de las inoculaciones, incluso aunque hayan efectuado el pago por ellas, como México y Venezuela.

En nuestro caso, ese mecanismo ha entregado menos de 10 por ciento de los 51 millones de dosis contratadas.

Una razón inocultable de los incumplimientos en el abasto de vacunas es el afán de los países con altos ingresos de acaparar dosis de biológicos por encima de sus necesidades reales y la determinación de varios de ellos de empezar a aplicar terceras dosis cuando en diversas naciones pobres el porcentaje de población vacunada con una sola dosis está por debajo de 10 por ciento.

La mezquindad da paso a la miopía, pues la prioridad evidente ante la actual emergencia sanitaria es vacunar a la mayor cantidad posible de personas a fin de lograr una inmunidad colectiva que frene los contagios y reduzca el riesgo del surgimiento de nuevas mutaciones del virus que podrían resultar resistentes a las vacunas existentes y afectar a poblaciones ya inoculadas con dos o tres dosis.

Por lo demás, este escenario resultaría inevitable si se consideran las despiadadas reglas del mercado, que son las que han regido los acuerdos entre gobiernos y fabricantes; pero fue justamente para evitarlo que se concibió el mecanismo Covax, el cual habría debido garantizar un reparto equitativo de los biológicos con la finalidad de asegurar un avance más uniforme de la vacunación en el mundo y enfrentar la pandemia en forma más eficiente y racional.

Sin embargo, ya en febrero pasado se supo que 80 por ciento de las dosis entregadas hasta ese momento habían ido a parar a únicamente 10 países.

En el caso de Venezuela, donde el incumplimiento del Covax ha sido total, resulta obligado preguntarse si el mecanismo no está siendo usado para aplicar una forma subrepticia de sanciones de segundo nivel –expresión empleada por la vicepresidenta Rodríguez– en contra de ese país sudamericano, ya severamente afectado por las medidas económicas hostiles de diversos gobiernos occidentales encabezados por el de Estados Unidos. Tal posibilidad exige una explicación puntual y precisa por parte de los directivos de ese mecanismo internacional.