Ginebra. Más de 93 por ciento de la población en Afganistán roza la pobreza extrema, alertó ayer la Organización de Naciones Unidas (ONU), a pocos días de una conferencia para recaudar 606 millones de dólares que necesita para apoyar a la nación centroasiática. Los talibanes intentan consolidar de nuevo su poder tras perderlo a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Según una encuesta telefónica realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) del 21 de agosto –una semana después de que Kabul cayó en manos de los islamitas– al 5 de septiembre en las 34 provincias del país, 93 por ciento de los hogares carecían de alimentos.

Tres de cada cuatro familias reducen las porciones o piden alimentos y también compran comida más barata, renunciando a productos nutritivos como lácteos, carne o verduras, señaló Anthea Webb, directora regional adjunta del programa para Asia y el Pacífico, en una reunión informativa ordinaria de la ONU en videoconferencia en Ginebra.

La situación era muy crítica debido a la pandemia de coronavirus y la grave sequía, pero la falta de acceso al dinero en efectivo desde la llegada de los talibanes agravó la situación y aumentó el precio de los productos de primera necesidad.

La inseguridad alimentaria ya estaba muy extendida antes del 15 de agosto, cuando 81 por ciento de los hogares afirmaban no tener suficientes alimentos, añadió. El PMA por sí solo necesita 200 millones de dólares para finales de año destinados a ayudar a 14 millones de afganos de una población total de 38 millones.

La conferencia ministerial, que se reunirá el lunes en Ginebra en presencia del secretario general de la ONU, António Guterres, debe reunir a unos 40 ministros de los países miembros, algunos de ellos en forma presencial, así como los responsables de los grandes organismos de la ONU activos en Afganistán.

No se sabe cómo el movimiento islamita, que anunció esta semana la composición de su gobierno, recordará este sábado el 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.

Informaciones no confirmadas apuntan que los talibanes organizarán una ceremonia de toma de posesión del nuevo gobierno, que provoca recelo en la comunidad internacional, que no lo considera representativo de la sociedad afgana, ya que está compuesto únicamente por talibanes varones de la etnia pastún.

Los vuelos de evacuación para occidentales se reanudaron, uno ayer hacia Qatar, pero miles de afganos en riesgo, que ayudaron a Estados Unidos, continúan varados en su país. La embajada estadunidense está cerrada, todos los diplomáticos y tropas ya dejaron el país. Otros 32 ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos salieron por distintos medios con el apoyo de Washington, informó la Casa Blanca.

El gobierno estadunidense mostró por primera vez el interior de una base militar, en el fuerte Bliss, en Texas, donde 10 mil afganos evacuados son examinados, ante los cuestionamientos sobre cómo se cuida a los refugiados.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señaló en un reporte que Afganistán está al borde de la pobreza universal y podría volverse realidad a mediados del próximo año, a menos que se realicen labores urgentes para impulsar a las comunidades locales y sus economías.

El programa describió cuatro escenarios para Afganistán después de la toma de los insurgentes, que proyectan que el PIB del país se reducirá entre 3.6 y 13.2 por ciento en el próximo año fiscal a partir de junio de 2022, dependiendo de la intensidad de la crisis y qué tanto se involucre el resto del mundo con el Talibán.

La agencia señaló que el ascenso del nuevo régimen ha puesto en riesgo los 20 años de constantes avances económicos. Los datos son un marcado contraste con el crecimiento previsto de 4 por ciento del PIB antes de la toma del país.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura alertó del riesgo de una catástrofe generacional que pesa sobre la educación afgana con el regreso al poder de los yihadistas y llamó a preservar el derecho a la educación, en particular de las niñas.

Ravina Shamdasani, vocero del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, denunció la violenta represión de manifestaciones pacíficas en Afganistán por los talibanes, en las que al menos murieron cuatro personas, y pidió al nuevo régimen respetar el derecho internacional, además de evitar detenciones arbitrarias.